El discurso de la lucha contra la "casta" acaba de chocar de frente contra la realidad judicial en Berisso.

La concejal de La Libertad Avanza, Laura Fernández, se encuentra en una situación política asfixiante tras conocerse que su entorno familiar más íntimo está procesado en la causa "Chocolate" Rigau, el mayor escándalo de corrupción legislativa de los últimos años.

La investigación, que sacude al Concejo Deliberante berissense, apunta contra el esposo de la concejal, Antonio Javier Rodríguez, y su cuñada, Aldana Ayelén Rodríguez.

Ambos figuran en la lista de los más de 50 imputados bajo sospecha de haber integrado el esquema de "empleados fantasma". Según la justicia, cobraban sueldos de la Legislatura bonaerense sin prestar servicios, entregando sus tarjetas de débito para una recaudación ilegal millonaria.

👉 "Tanto su esposo como su cuñada figuran entre los imputados en la causa que investiga el desvío de cientos de millones de pesos del Estado", detalla el informe judicial.

Cimbronazo en el bloque de La Libertad Avanza

Aunque la concejal Fernández no enfrenta una imputación directa por el momento, la vinculación de su círculo de confianza con el esquema de Rigau dinamita la bandera de la transparencia que el espacio libertario intentó flamear en Berisso.

La sospecha es que la estructura de "Chocolate" no discriminó colores políticos y que el entorno de la edil habría formado parte del engranaje que permitió el desvío de fondos.

En los pasillos del Concejo Deliberante el clima es de extrema tensión. La oposición local ya afila pedidos de informes para determinar si hubo algún tipo de beneficio indirecto hacia la edil.

Mientras el oficialismo de Fabián Cagliardi observa cómo la fuerza que prometía venir a barrer con las "mañas de la política" queda enredada en el caso de corrupción más emblemático de la provincia.

¿Qué es la causa "Chocolate" Rigau?

El caso estalló cuando Julio "Chocolate" Rigau, un puntero del peronismo, fue detenido en un cajero del Banco Provincia en La Plata con 48 tarjetas de débito ajenas y una bolsa con dinero en efectivo.

La investigación reveló una estructura piramidal donde se contrataba gente (muchas veces familiares de políticos) que no iba a trabajar a cambio de la obra social, mientras los jefes de la banda se quedaban con el grueso del sueldo para financiar la política o enriquecimiento personal.

Hoy, la fiscal Viviana Arturi ya solicitó penas de hasta 6 años de prisión para los cabecillas, incluyendo a los dirigentes Claudio y Facundo Albini, mientras el caso avanza hacia el juicio oral en el Tribunal Oral Criminal V de La Plata.