El negocio de las fotomultas en la Provincia de Buenos Aires esconde una matriz de corrupción estructural. El fiscal federal Guillermo Marijuan desnudó un escandaloso sistema de recaudación ilegal, lavado de activos y pago de sobornos. En el centro de la escena aparecen el empresario Leandro Camani y el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci.

Leandro Camani no es un nombre nuevo en los pasillos de tribunales. Este empresario forjó un imperio monopolizando el negocio del tránsito con sus firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A.. Informes previos de Primera Página ya exponían su histórico rol como "el señor de las fotomultas", acumulando múltiples denuncias por contratos amañados y cartelización.

El modus operandi investigado desde enero de 2024 es tan burdo como efectivo. Para evitar la obligación legal de llamar a licitación pública, las intendencias firmaban convenios directos con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y su fundación Funintec. Luego, la institución subcontrataba directamente a las empresas de Leandro Camani.

El botín de las infracciones se repartía de manera insólita: el 70% quedaba para la dupla universidad-empresa y apenas el 30% para los municipios. La caja generada es descomunal. Sólo la intendencia de La Matanza le transfirió más de $3.758.000.000 a Funintec entre enero y septiembre de 2024.

El lavado de activos y la ruta de los sobornos

Según el dictamen de Guillermo Marijuan, el fin último del esquema era "lavar dinero para poder pagarles coimas a los funcionarios públicos". Para ello, la red utilizaba una brutal usina de facturación apócrifa, emitiendo comprobantes falsos mediante empresas fantasma y prestanombres monotributistas.

La denuncia judicial apunta a una connivencia directa de autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Secretaría de Transporte de la Nación y el área de transporte de la Provincia de Buenos Aires. Martín Marinucci es señalado por presunta asociación ilícita junto a Leandro Camani y su socio Diego Alfredo Lepera.

Dentro del ámbito académico, el secretario de extensión de la Universidad Nacional de San Martín, Diego Kampel, operaba como el engranaje clave para avalar los millonarios contratos. La universidad pública funcionaba como un simple pasamanos para el dinero negro de la política.

Allanamientos y ramificaciones en el conurbano

El Fiscal Federal Guillermo Marijuan ya solicitó informes patrimoniales a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reportes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y exigió allanar la sede de la Universidad Nacional de San Martín y Funintec para secuestrar documentación probatoria urgente.

La causa podría unificarse con otros expedientes radicados en la justicia federal de Tres de Febrero. Allí ya se investigaban licitaciones direccionadas en al menos once distritos bonaerenses, incluyendo General Pueyrredón, Zárate, Morón, San Isidro y San Martín. El cartel de Leandro Camani empieza a desmoronarse.

Lo que tenés que saber sobre el escándalo de las fotomultas

• 👉 El Fiscal Federal Guillermo Marijuan investiga a Leandro Camani y Martín Marinucci por lavado y sobornos.

• 👉 El esquema utilizaba a la Universidad Nacional de San Martín y a Funintec para triangular contratos y evitar licitaciones públicas.

• 👉 Las empresas cobraban el 70% de las multas; La Matanza giró más de $3.758.000.000 en 2024.

• 👉 El dinero se lavaba con facturas truchas para pagar coimas en la Provincia de Buenos Aires y la Nación.