En un giro que promete una batalla política feroz en el Senado de la Nación, el Gobierno nacional oficializó su intención de desguazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad.

Bajo el polémico título de “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, el oficialismo busca endurecer los requisitos de acceso, restringir el universo de beneficiarios y reinstalar un sistema de control que la justicia ya había cuestionado. La jugada llega tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dejando a miles de bonaerenses en un limbo administrativo.

Reempadronamiento o baja: el "censo" del ajuste

El eje más urgente para los beneficiarios de la Provincia de Buenos Aires es el reempadronamiento obligatorio. El proyecto es tajante: todos los titulares deberán volver a acreditar su condición médica, nivel socioeconómico y antecedentes laborales.

El texto advierte que 👉 “aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio”.

Para ejecutar este control, el Estado cruzará datos de ANSES, ARCA (ex AFIP) y SINTyS. Ante cualquier "inconsistencia objetiva", la iniciativa habilita una suspensión "preventiva".

Esto significa que el beneficiario dejará de cobrar primero y deberá defender su derecho después, invirtiendo la carga de la prueba en perjuicio de los sectores más vulnerables.

Prohibido trabajar: el golpe a la inclusión laboral

Quizás el punto más punzante para los jóvenes con discapacidad en el Conurbano y las grandes ciudades es la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal. Si el proyecto avanza, una persona no podrá sostener un trabajo en blanco y conservar su pensión.

👉 “Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio”, confirma el texto.

A este "cepo" laboral se le suma la eliminación de incentivos para las empresas. El oficialismo busca suprimir los programas que fomentan la contratación y el reconocimiento empresarial para la inclusión.

En la práctica, esto empuja a la población con discapacidad hacia la informalidad o a la dependencia total del subsidio estatal, rompiendo años de políticas de integración.

Desregulación de aranceles y el fin del piso de calidad

En el plano del financiamiento, la iniciativa desmantela el esquema de aranceles fijos para obras sociales y prepagas. Al eliminar el nomenclador nacional, el Gobierno habilita convenios bilaterales entre Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esto desregula la negociación de aranceles, lo que para muchos prestadores del sistema de salud bonaerense significa el fin de los pisos mínimos de calidad en las prestaciones básicas de rehabilitación y asistencia.

La estrategia del oficialismo de entrar por el Senado busca puentear la resistencia de Diputados, donde los bloques aliados habían sido más firmes en la defensa de la emergencia el año pasado.

Con este proyecto, el enfoque de la discapacidad deja de ser un derecho universal para volver a ser visto bajo la lupa de la "invalidez laboral", un retroceso conceptual que promete encender las calles y los despachos judiciales en los próximos meses.