Política | 22 Apr
Corrupción estructural, robo de tierras fiscales y lavado millonario
Escandaloso procesamiento de Capitanich: la red de lavado y saqueo feudal que destruyó Chaco
17:57 |El fiscal federal Carlos Amad pidió el procesamiento de Jorge Milton Capitanich y su ex ministra Marta Soneira por liderar una asociación ilícita. Regalaban tierras fiscales a familiares, perdonaban impuestos y habilitaban desmontes indiscriminados. Una radiografía brutal de la impunidad política que, como venimos revelando en los informes especiales de Primera Página, expone el saqueo sistemático del Estado.
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La impunidad tiene un límite, y en la provincia del Chaco, ese muro de contención acaba de ser levantado por la Justicia Federal. El feudo político construido durante años comenzó a desmoronarse dejando al descubierto una cloaca de corrupción obscena, nepotismo y destrucción ambiental.
El último 16 de abril, el fiscal federal Carlos Amad solicitó formalmente ante el juez federal subrogante Fernando Carbajal, el "auto de procesamiento sin prisión preventiva" contra el ex gobernador Jorge Milton Capitanich. Las acusaciones no son simples desprolijidades administrativas; conforman un prontuario criminal escalofriante.
Se lo acusa, en calidad de autor y en concurso real, de "Fraude en Perjuicio de la Administración Pública", lavado de activos agravado por ser "cometidos con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionarios públicos", "Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos", "Enriquecimiento ilícito" y "Malversación de Fondos Públicos".
Junto al ex mandatario provincial, la figura central de este desfalco es Marta Soneira, su otrora todopoderosa ministra. A ella se le imputaron los mismos delitos, sumando además la "Defraudación al Erario Provincial mediante Sucesivos Actos de Corrupción". Su rol fue clave para articular una ingeniería dedicada a saquear el patrimonio público.
Como detallamos en reiterados informes especiales de Primera Página, estas estructuras no operan en el vacío. Marta Soneira ejerció dos cargos jerárquicos simultáneos e incompatibles entre sí, ostentando la presidencia del Instituto de Colonización mediante el Decreto 115/2019 y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente bajo el Decreto 11/2019.
Luego, en el año 2022, asumió como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible. Desde esa silla bicéfala, y bajo el amparo de Jorge Milton Capitanich, ejecutó lo que la fiscalía define como un plan para "insertar de esta manera al mercado legal un gran patrimonio que hoy, no pueden justificar".
El clan familiar: tierras gratis y subsidios para los amigos
La investigación judicial, que nació tras una contundente denuncia radicada en el año 2024 por Marilyn Canata, actual presidenta del Instituto de Colonización, expone un modus operandi brutal. Durante casi dos años, la fiscalía desenredó una trama donde el Estado provincial funcionaba como la caja chica de un grupo de empresarios amigos.
Bajo la gestión de Marta Soneira, se comprobó que "los socios en dos (2) empresas del esposo de la ex ministra Marta Soneira, el sr. Mauricio Cian, resultaron adjudicatarios de tierras fiscales". Los beneficiados directos de este festival de tierras fueron Federico Storti, Nelson Ariel Pochón y Leandro Bessone.
Estos testaferros de guante blanco son socios comerciales de Mauricio Cian en las firmas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL. Según el fiscal Carlos Amad, estas conexiones "constituyen indicio suficiente para sostener con la firmeza que amerita esta instancia de la defraudación al erario provincial".
Pero el botín no terminaba en la entrega irregular de inmensas extensiones de tierra. La banda criminal también se auto-otorgaba "distintos beneficios económicos mediante la suscripción de convenios y firma de decretos del poder ejecutivo provincial", beneficiando a Mauricio Cian, Federico Storti, Nelson Ariel Pochón y Leandro Bessone.
Estos favores incluían millonarios "reintegros de subsidios, quita en el pago de impuestos y servicios públicos como SAMEEP, SECHEEP". Mientras los ciudadanos chaqueños y el resto de los argentinos pagaban tarifas confiscatorias, el círculo íntimo del gobernador gozaba de privilegios feudales pagados con fondos públicos.
Errores de ortografía y el cinismo de Capitanich
La obscenidad del fraude llega a ribetes bizarros. En los expedientes administrativos de adjudicación, el fiscal Carlos Amad notó que los escritos de Federico Storti y Leandro Bessone "eran prácticamente calcados" y tenían "hasta los mismos errores de ortografía".
Para justificar la entrega, los socios de Mauricio Cian alegaron que debían alquilar tierras y que contaban con 10 empleados. La realidad era otra: tenían apenas 1 empleada hasta marzo de 2021, y para los años 2022 y 2023, no registraban ningún trabajador en relación de dependencia.
Además, violaron el requisito "sine qua non" de no poseer propiedades previas para acceder a tierras fiscales. Ante este cúmulo de evidencias irrefutables, la defensa ensayada por Jorge Milton Capitanich es, cuanto menos, un insulto a la inteligencia de la sociedad argentina.
El ex gobernador tuvo el descaro de afirmar que "no es responsabilidad del gobernador controlar cada intervención de cada área y que imponerle tal obligación, es asignarle más obligaciones y resulta 'absurdo'". Pretende escudarse en la burocracia para lavarse las manos sobre un desfalco que él mismo firmó.
El fiscal Carlos Amad destrozó esta coartada patética: "discrepo humildemente con el ex gobernador, en tanto y en cuanto resulta cuanto menos inocente pensar que quien es el encargado de gestionar el gobierno de la provincia no se tome los mínimos recaudos de verificar a quienes se entregan tierras públicas".
La firma de Jorge Milton Capitanich fue el sello final que coronó el saqueo. El 26/02/23, el ex mandatario y Marta Soneira adjudicaron mediante decreto 4 inmensos inmuebles rurales en el Departamento Almirante Brown a los socios de Mauricio Cian. No podían desconocer a quiénes beneficiaban.
Ecocidio: negocios verdes manchados de corrupción
El daño provocado por esta asociación ilícita no es solo patrimonial; es un verdadero crimen ambiental. Marta Soneira, desde su cargo en Medio Ambiente, reclasificó arbitrariamente al sector rural de Pampa del Infierno y Almirante Brown en "categoría verde".
Esta maniobra fraudulenta permitió habilitar la "explotación rural, desmonte, y ejecución de proyectos con fondos nacionales", casualmente en las mismas zonas donde operaban las empresas de su marido y socios. El negociado estaba perfectamente orquestado para arrasar con los bosques nativos chaqueños.
La Fundación Vida Silvestre Argentina no tardó en reaccionar y demandó a la provincia por no actualizar el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), logrando prohibir los permisos de desmonte. Sin embargo, a finales de 2022, Jorge Milton Capitanich forzó por decreto una actualización del OTBN mediante un proceso altamente cuestionado y viciado.
Un pasado feudal que se repite en el presente
Para ilustrar la gravedad histórica de este despojo, Carlos Amad citó al célebre jurista Carlos Nino, recordando la escandalosa Ley de Enfiteusis de 1826 impulsada por Rivadavia. Aquella norma, nacida para colonizar, terminó siendo un festín de "favoritismo social, político o personal".
Doscientos años después, el fiscal asegura que la maniobra de Jorge Milton Capitanich y Marta Soneira se subsume "mutatis mutandi" en esa misma lógica de entrega prebendaria. "Un pasado corrupto que se instala nuevamente en la actualidad", definió el magistrado con enorme precisión.
Este entramado criminal no es un hecho aislado. El fiscal conectó esta matriz de corrupción con la causa que investiga al piquetero Tito López (Expediente N° 11335/2019), actualmente en juicio oral por defraudación. "Son organizaciones criminales destinadas a defraudar al Estado y lavar dinero", sentenció.
Finalmente, en el marco del mismo dictamen, la fiscalía solicitó la falta de mérito para Sheina M. Waicman y Darío O. Giménez, y el sobreseimiento total de Diego Soneira y Federico G. Soneira, concentrando la artillería penal sobre las verdaderas cabezas de esta hidra de corrupción que desangró al Chaco.
Lo que tenés que saber sobre el escándalo en el Chaco
Los principales acusados: El fiscal Carlos Amad pidió el procesamiento de Jorge Milton Capitanich y Marta Soneira por fraude, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El negocio familiar: Adjudicaron irregularmente tierras fiscales a Federico Storti, Nelson Ariel Pochón y Leandro Bessone, todos socios comerciales de Mauricio Cian, esposo de la ex ministra.
Los beneficios paralelos: Además de tierras, se auto-otorgaron exenciones impositivas y perdones en servicios públicos como SAMEEP y SECHEEP.
La excusa cínica: Jorge Milton Capitanich intentó despegarse alegando que es "absurdo" pedirle que controle lo que firma. El fiscal lo consideró parte indispensable del ilícito.
El ecocidio: Cambiaron la zonificación ambiental en Pampa del Infierno y Almirante Brown para permitir desmontes en las tierras que ellos mismos se habían regalado.
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