El Gobierno nacional volvió a activar una iniciativa que había quedado frenada en el Congreso y ahora busca acelerar su tratamiento en el Senado. El proyecto, que ya fue aprobado por Diputados durante 2024, propone avanzar con un régimen excepcional de regularización de armas de fuego y extender hasta el 31 de diciembre de 2027 el sistema de entrega voluntaria y anónima de armas para destrucción.
La discusión se reabrirá en un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Justicia y Asuntos Penales, en medio de una agenda legislativa con pocas actividades confirmadas. El oficialismo busca evitar que la iniciativa pierda estado parlamentario a fines de febrero próximo.
El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse. La propuesta fue enviada al Congreso hace casi dos años y ahora vuelve al centro del debate político con presión de calendario legislativo.
La iniciativa plantea dos caminos para quienes hoy poseen armas fuera del sistema formal:
Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es mejorar la trazabilidad y el control sobre las armas en circulación en todo el país.
“Resulta esencial garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego”, argumentó el Ejecutivo al presentar el proyecto. Según el Gobierno, todavía existe un importante número de armas sin registrar y eso genera “zonas grises” en materia de control y seguridad.
En los fundamentos también se remarca que muchas personas encuentran obstáculos administrativos para mantener la documentación en regla. Entre ellos mencionan trámites presenciales, demoras y falta de digitalización.
De acuerdo con cifras oficiales citadas por el Ejecutivo, se estima que hay más de 800.000 armas en situación irregular en Argentina.
El titular del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, defendió la iniciativa durante su paso por el Senado tras la media sanción obtenida en Diputados.
El funcionario explicó que una de las principales metas es reducir las dificultades burocráticas para los legítimos usuarios. “Los legítimos usuarios tenían que hacer 500 kilómetros, 300 kilómetros para poder estar a derecho. Hoy eso se achicó muchísimo”, sostuvo.
Allan también aseguró que el objetivo final es que todos los trámites puedan realizarse de manera online y desde el domicilio particular.
“No estamos tocando los requisitos para la tenencia, ni para la portación, ni para legítimo usuario”, aclaró el funcionario, al intentar diferenciar la simplificación administrativa de una flexibilización de fondo en el acceso a armas.
La convocatoria al plenario aparece como uno de los pocos movimientos concretos dentro de la actividad reciente del Senado. Mientras tanto, otras iniciativas impulsadas por el oficialismo todavía no logran avanzar.
Entre ellas aparece el proyecto vinculado al fortalecimiento de la propiedad privada, que genera resistencias en sectores dialoguistas por cuestiones relacionadas con tierras rurales en manos extranjeras y el registro nacional de barrios populares.
En ese contexto, el Gobierno busca acelerar definiciones sobre el régimen de armas antes de que los tiempos parlamentarios jueguen en contra y la propuesta vuelva a quedar archivada.