La ciudad de Azul se encuentra en estado de conmoción tras una denuncia judicial que pone en duda la seguridad del agua que consumen miles de vecinos.

El médico pediatra Néstor Nasello radicó una presentación formal ante la Fiscalía de Estado, alertando que el agua de red contiene niveles de arsénico que superan ampliamente los estándares internacionales de salud, representando un riesgo sanitario "extendido y silencioso" para toda la población.

El eje del conflicto radica en un desfasaje normativo: mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino establecen un límite máximo de 0,01 mg/L, el suministro local se ampararía en una legislación provincial antigua que permite niveles mucho más altos.

Según la denuncia, esto ha permitido que los azuleños estén expuestos durante años a concentraciones que triplican los parámetros de seguridad vigentes.

👉 "Estamos ante una vulneración del derecho al acceso a agua segura y una falta total de políticas preventivas", sostiene el escrito judicial, que pide investigar la responsabilidad de la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) y de las autoridades municipales.

Un veneno invisible con efectos a largo plazo

La exposición prolongada al arsénico, conocida médicamente como HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico), es una problemática persistente en la llanura pampeana, pero la denuncia en Azul señala una omisión deliberada de acciones para revertirla. Entre los riesgos detallados por los profesionales de la salud se encuentran:

• Enfermedades Graves: Mayor incidencia de distintos tipos de cáncer (piel, pulmón, vejiga), trastornos cardiovasculares y afecciones renales o tiroideas.

• Impacto en la Niñez: Alteraciones en el desarrollo y dificultades cognitivas durante el crecimiento.

• Exposición Total: El riesgo no solo está en beber el agua, sino en su uso para cocinar alimentos y la higiene personal, lo que multiplica la ingesta diaria del tóxico.

El rol de la Justicia y el precedente provincial

El doctor Nasello, actuando en su doble rol de ciudadano y profesional, exigió pericias independientes para constatar los niveles actuales y medidas urgentes para garantizar agua apta para el consumo humano. La denuncia cuestiona además la falta de información pública: la mayoría de los vecinos desconoce qué está saliendo por sus canillas y qué riesgos corre al utilizarla.

Este escenario no es ajeno a otros distritos de la provincia de Buenos Aires. En Lobos y Roque Pérez, la Justicia ya ha dictado fallos obligando a las prestadoras a suministrar agua envasada o instalar plantas potabilizadoras, aunque las soluciones de fondo siguen demoradas por la falta de inversión en infraestructura básica.