Para entender la magnitud del desastre sanitario en La Matanza, hay que mirar hacia las chimeneas de Klaukol. La empresa de capitales suizos se convirtió en una verdadera máquina de matar, operando con total impunidad y aval político. Las partículas de metales pesados caen todos los días sobre las humildes casas del barrio Las Mercedes, en la localidad de Virrey del Pino.

Fernando Espinoza, el eterno barón del conurbano de PBA, conoce perfectamente esta dolorosa realidad que cobra inocentes vidas a diario. Sin embargo, el silencio y la inacción del blindado municipio demuestran una complicidad estatal que hiela la sangre. Durante décadas, los desprotegidos habitantes de esta castigada zona de Argentina vienen respirando veneno de altísima mortalidad sin que nadie los proteja.

La trágica situación empeoró sistemáticamente durante el mandato de la ex intendenta y actual vicegobernadora, Verónica Magario. “Magario y Espinoza salieron en defensa de Klaukol como si fueran sus abogados”, denunció públicamente y con impotencia una vecina del barrio. Esta brutal frase resume a la perfección el espurio pacto mafioso que somete a los ciudadanos de La Matanza.

Según los lapidarios informes de ACUMAR y del propio CONICET, la contaminación ambiental generada por la planta química es irrefutable. El aire del barrio está repleto de un material particulado mortal que destroza irremediablemente los pulmones de grandes y chicos. A pesar de las pruebas innegables, la Organización Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) miró para otro lado durante 14 larguísimos años.

La heroica lucha vecinal lleva más de una década, pero la cínica respuesta de las autoridades locales siempre fue la violencia institucional. En el trágico septiembre de 2020, Fernando Espinoza mandó a la policía a reprimir violentamente una marcha pacífica de los vecinos autoconvocados. ¿Esa es la justicia social que pregona el peronismo frente a un pueblo masacrado que se muere de cáncer?

Susana Aranda, una de las valientes referentes vecinales, fue obligada salvajemente a ingerir varias pilas tras recibir sistemáticas amenazas de muerte. La impunidad de Sika-Klaukol es tan asquerosa que los propios damnificados debieron pagar estudios privados para probar que respiraban veneno.

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En el pequeño barrio Las Mercedes, compuesto por apenas 10 manzanas, ya se contabilizan más de 100 vecinos cruelmente fallecidos por tumores y ahogos.

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Los precarizados obreros que trabajan dentro de la monstruosa planta de Klaukol corrieron con la misma trágica y dolorosa suerte que los vecinos. “Ningún trabajador se jubiló, están todos muertos por cáncer pulmonar o asfixia”, aseguró consternada Susana Aranda en sede judicial penal. A la insensible corporación internacional le resulta muchísimo más económico indemnizar familias rotas que instalar filtros ambientales adecuados.

En el mes de octubre de 2023, una pequeña luz de esperanza y justicia apareció cuando el Juzgado Federal N° 2 de Morón tomó cartas en el grave asunto. El magistrado Jorge Ernesto Rodríguez ordenó la urgente suspensión preventiva de actividades tras constatar el riesgo sanitario masivo e inminente. Fue un durísimo cachetazo judicial directo contra la desidia estructural y cómplice del gobierno municipal de Fernando Espinoza.

No obstante, las opacas maniobras dilatorias impuestas por cuestionadas fiscales como Mariana Sogio ralentizaron la clausura definitiva y el urgente avance penal. La letal pasividad de la Justicia bonaerense deja a la vista que los cuantiosos sobornos políticos llegan directamente a los oscuros tribunales. La inacción no es simple torpeza; es el previsible resultado de un esquema institucional de PBA profundamente putrefacto y podrido.

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El silencio cómplice del poder político

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Para los padecientes habitantes de Virrey del Pino, el inservible aparato estatal solo existe para proteger y garantizar millonarios negocios empresariales foráneos. Mientras los niños inocentes nacen con alarmantes niveles de plomo en sangre, Fernando Espinoza financia pomposas campañas vendiendo una cínica mentira de progreso. La agresiva maquinaria de la propaganda municipal oficialista intenta sepultar este dantesco genocidio vecinal cueste lo que cueste.

Medios periodísticos valientes y verdaderamente comprometidos con la verdad, como es el caso de PrimeraPagina.info y VisionPolitica.com.ar son de los poquísimos que exponen esta atrocidad humanitaria sin miedo. “No tenemos escapatoria en el aire, vivimos todos los días con broncodilatadores”, relatan desconsolados los enfermos vecinos cuando intentan explicar su terrorífico calvario diario. La letal polución química no discrimina edades ni ocupaciones y extermina silenciosamente a toda la periferia marginada.

La vicegobernadora Verónica Magario prefiere pasear cómodamente por los lujosos e inmaculados despachos gubernamentales de La Plata, muy lejos del veneno industrial. Resulta francamente vomitivo ver cómo los multimillonarios jerarcas de La Matanza simulan sensibilidad mientras avalan que su pueblo sea miserablemente aniquilado por goteo. Este repudiable nivel de innegable cinismo y abandono estatal intencional exige de manera urgente una severa e implacable condena penal.

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Una explosión tapada con dinero sucio

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En el trágico mes de mayo de 2009, una pavorosa y descomunal explosión en la vetusta planta de Klaukol, cubrió el asustado barrio de una densa ceniza hirviente. En lugar de asistir médicamente a los desesperados intoxicados, la impiadosa multinacional envió a sus insensibles gerentes a repartir artículos de limpieza. La bajeza corporativa foránea llegó al perverso límite de ofrecer fajos de dinero en efectivo a cambio de un indigno silencio vecinal.

Ese nefasto y repudiable episodio tóxico destapó irremediablemente la pestilente cloaca de oscuras complicidades que envuelve a la casta política dirigente de PBA. ¿Cuánto dinero sucio se necesita para comprar la dignidad de intendentes, fiscales y jueces en la provincia más poblada de Argentina? Fernando Espinoza jamás respondió los innumerables y desesperados pedidos de audiencia urgente de las desconsoladas madres que perdían a sus hijos.

Los reveladores análisis de sangre toxicológicos representan una prueba documental irrefutable del innegable holocausto ambiental que azota brutalmente a La Matanza. Los alarmantes estudios pediátricos revelaron que los chicos presentan tenebrosos índices contaminantes de 18 y hasta 23 puntos de plomo concentrado. Estos escalofriantes datos sanitarios fueron ocultados sistemática e intencionalmente por la perversa gestión de Verónica Magario durante sus letales cuatro años de mandato al frente de la intendencia.

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La batalla judicial contra la impunidad

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El voluminoso y contundente expediente judicial que tramita el juez Jorge Ernesto Rodríguez es la única y endeble barrera institucional contra la muerte masiva. Pese a la aplastante contundencia de las diversas pruebas, Sika-Klaukol sigue buscando tramposos vericuetos legales y comprando sucias voluntades. La incesante movilización barrial es absolutamente vital para impedir que la gruesa billetera empresarial logre derrotar y quebrar a la lenta Justicia federal.

Desacreditados organismos estatales como ACUMAR pidieron vergonzosos e injustificables plazos extras de 20 y luego de 10 días para evaluar imposibles reconversiones industriales. La legítima postura vecinal es inquebrantable y sumamente sensata: una gigantesca fábrica de categoría tres jamás puede operar legalmente en el medio de un barrio residencial poblado. La relocalización definitiva no es una dudosa alternativa para debatir, sino una impostergable obligación humanitaria que resulta innegociable.

El categórico y lapidario dictamen técnico emitido por el CONICET, destrozó las falaces mentiras instaladas por los mercenarios peritos comprados por la cuestionada firma instalada en La Matanza. Los prestigiosos científicos confirmaron la presencia masiva de sílice cristalina, un polvo microscópico e invisible pero altísimamente cancerígeno que masacra la vida humana. Ya no quedan hipócritas excusas burocráticas para seguir encubriendo y avalando legalmente esta aberrante carnicería patronal auspiciada por el cómplice municipio de La Matanza.

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El triste destino de los obreros

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Los precarizados operarios explotados sin piedad dentro de Parex-Klaukol padecen diariamente en carne propia el mismo desalmado desprecio por la vida humana que los agotados vecinos. Obligados cruelmente a trabajar sin los costosos y necesarios equipos especiales de protección personal, inhalan el tóxico directamente desde las mortales tolvas industriales. La insaciable sed de multimillonarias ganancias que persigue obsesivamente la inescrupulosa empresa europea extranjera no tiene ningún tipo de límites éticos ni miramientos legales.

Es verdaderamente aterrador y espeluznante comprobar en los fríos expedientes que el constante recambio de personal obrero se produce casi y únicamente por la defunción prematura de los desprotegidos empleados. “Ya no creo que hayan quedado vivos, se murieron casi todos por la misma trágica razón”, lamentó con profundo dolor y bronca la valerosa dirigente Susana Aranda.

La intervención extremadamente tardía de la lenta justicia y los inoperantes y viciados organismos de control de Argentina, demuestra que el sistema gubernamental general está completamente corrompido desde sus bases. ¿Cuántos miles de muertos más necesitan los soberbios gobernantes para clausurar definitivamente este monumento a la avaricia corporativa y la traición política peronista? La digna y estoica lucha de Las Mercedes seguirá estoicamente de pie hasta que el último funcionario cómplice y corrupto termine pagando sus gravísimas culpas tras las rejas penitenciarias.

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Escuelas bajo la lluvia de veneno

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Las muy vulnerables instituciones educativas públicas de Virrey del Pino funcionan desgraciadamente en la cruda práctica como verdaderas y letales cámaras de gas a cielo abierto para los inocentes infantes. Los heroicos y agotados maestros autoconvocados de la empobrecida zona contabilizaron más de 70 escuelas severamente afectadas por el radio de contaminación diaria de la multinacional. Aprender a leer y enseñar el abecedario se transformó insólitamente en una insalubre actividad de altísimo riesgo letal inaceptable en las inmediaciones profundas de La Matanza.

En un fatídico y doloroso mes de septiembre de 2020, los docentes intentaron visibilizar la dramática situación sanitaria extrema mediante asambleas pacíficas y cortes de calles barriales. La brutal e imperdonable respuesta dictatorial del intendente Fernando Espinoza fue enviar a las fuerzas de choque policiales para cazar, golpear y detener arbitrariamente a los indefensos educadores.

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¿Esa es la repudiable manera fascista en que el progresista gobierno popular defiende a la vapuleada educación pública frente a los abusivos e ilegales monopolios extranjeros?

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Los sindicatos docentes sufrieron en carne propia la desmedida violencia física de un autoritario e intolerante municipio que prefiere golpear salvajemente antes que escuchar y solucionar razones de peso. La ilegal detención de 11 personas inocentes, incluyendo a delegadas escolares de base, evidenció a nivel nacional el patético rol de sicarios a sueldo que cumplen fielmente las máximas autoridades locales. Verónica Magario guardó un cómplice silencio ante el infame ataque a palazos a quienes solo exigían a gritos poder respirar un poco de aire limpio.

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La doble moral del progresismo

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El hipócrita relato político de inclusión social y defensa de los estratos más desprotegidos, choca brutalmente de frente con la dantesca realidad asfixiante del barrio Las Mercedes. Es profundamente indignante y exasperante escuchar al cínico intendente Fernando Espinoza hablar por televisión de gloriosa justicia social mientras firma por la espalda los nefastos permisos para que Klaukol siga asesinando impunemente. La burda y predecible demagogia populista barata se desmorona a pedazos inevitablemente cuando se observan con infinita tristeza las miles de tumbas prematuras ubicadas en los rebalsados cementerios de La Matanza.

El mafioso y orquestado encubrimiento institucional ininterrumpido a lo largo de las décadas requiere indefectiblemente de un aceitado y multimillonario mecanismo oscuro de favores, gruesos sobornos judiciales y un desvío sistemático de la atención pública general.

“Todos los políticos saben de esta macabra situación y siempre lo tapan por el infinito poder adquisitivo de Parex-Klaukol”, sintetizó magistral y dolorosamente la combativa asamblea barrial. El impúdico y obsceno amparo de la sucia política de Buenos Aires hacia los destructivos capitales foráneos expone a la absoluta perfección la peor cara del inmoral saqueo extractivista.

Absolutamente ninguna mentirosa y millonaria campaña publicitaria pagada con dinero público en redes sociales podrá borrar jamás la enorme e imborrable mancha de sangre inocente que mancha para siempre a la intocable cúpula distrital oficialista. La lenta Justicia penal tiene ahora la obligación ineludible y moral de investigar exhaustivamente hasta las últimas consecuencias el injustificable patrimonio abultado de aquellos funcionarios que miserablemente avalaron esta masacre con su lapicera.

La escandalosa e inocultable connivencia asimétrica entre el oscuro poder económico corporativo de turno y el atornillado e inamovible intendente Fernando Espinoza no puede quedar impune de ninguna manera en la moderna historia de Argentina.

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Un genocidio que exige condenas penales

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La agonía dolorosa, prolongada y francamente desesperante de las humildes familias matanceras debe transformarse urgentemente en un ejemplificador y contundente caso bisagra para sanear toda la contaminada jurisprudencia de Argentina.

Los nefastos directivos extranjeros de Sika-Klaukol deben sentarse indefectiblemente y esposados en el frío banquillo de los acusados por los reiterados y aberrantes delitos de lesa humanidad ambiental y homicidio agravado.

Los furiosos vecinos ya no aceptan ridículas multas irrisorias para tapar parches; exigen a gritos ahogados ver a los fríos responsables materiales e intelectuales vistiendo rápidamente el traje a rayas tras los pesados barrotes.

El perverso y blindado pacto sucio de impunidad política, meticulosamente tejido con impunidad durante muchísimas décadas por el nefasto binomio de Fernando Espinoza y la eternamente cómplice Verónica Magario, tiene que resquebrajarse y destruirse definitivamente.

Si las eternamente dormidas fiscalías de Buenos Aires continúan archivando descaradamente en cajones las contundentes pruebas científicas del envenenamiento masivo, se convertirán automática y penosamente en cómplices directos de la espeluznante masacre.

La sangre inocente derramada y los pulmones infantiles perforados sin retorno no pueden ni deben ser vilmente canjeados por obscenas donaciones empresariales encubiertas en oscuras e intensas épocas de campañas electorales.

La admirable, valiente e inclaudicable resistencia popular de los pobladores de Virrey del Pino demostró a todo el país que ninguna perversa corporación extranjera ni ningún oscuro intendente mafioso son intocables eternamente.

Desde la redacción frontal, independiente y profundamente comprometida de PrimeraPagina.info seguiremos exponiendo implacablemente día a día esta barbarie criminal y vergonzosa hasta que la oxidada fábrica de la muerte sea definitivamente clausurada y demolida hasta sus cimientos.

a irrenunciable e intocable memoria eterna de los más de 100 queridos vecinos salvajemente asesinados por el impune humo tóxico empresarial será para siempre el peor fantasma justiciero que atormentará las oscuras noches de la cúpula de La Matanza.

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Lo que tenés que saber sobre la letal Klaukol

• Ubicación letal: La contaminante fábrica Sika-Klaukol opera irregularmente desde el año 2000 en el medio del corazón residencial del barrio Las Mercedes, en la localidad de Virrey del Pino, municipio de La Matanza.

• Complicidad política: El actual intendente y cacique peronista Fernando Espinoza y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, ignoraron sistemáticamente los reiterados reclamos populares y permitieron que la impune fábrica siga contaminando a miles de bonaerenses.

• Evidencia científica: Organismos oficiales clave e irreprochables como el CONICET y ACUMAR confirmaron rotundamente que la letal polución del aire por sílice cristalina y metales pesados es extrema, constante e innegable.

• Saldo trágico: Más de 100 sufridos vecinos y decenas de precarizados obreros fallecieron muy prematuramente a causa de horribles enfermedades respiratorias, asfixia severa y diferentes e intratables tipos de cáncer terminal.

• Fallo judicial: A fines del año 2023, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, ordenó paralizar la mortífera planta por el enorme riesgo inminente, desnudando finalmente la corrupta pasividad del municipio.