La gestión de Axel Kicillof ha logrado lo que parecía imposible: transformar a la obra social más grande de la Provincia de Buenos Aires en un mecanismo de abandono sistemático.

Lo que ocurre en IOMA ya no se explica con la palabra "crisis" ni con la "impericia" de un administrativo de turno. Es, según el clamor de los afiliados en Mar del Plata, un sistema de corrupción estructural donde el sufrimiento del paciente es la moneda de cambio para financiar la caja política.

La reciente visita del presidente del organismo, Homero Giles, a la ciudad balnearia fue el detonante de un hartazgo que ya no tiene retorno. Los beneficiarios, cansados de ver cómo sus tratamientos oncológicos se interrumpen y sus cirugías se postergan por tiempo indefinido, han decidido llevar el conflicto a la justicia penal.

La acusación es gravísima: asociación ilícita y responsabilidad penal contra el propio Axel Kicillof. Para los marplatenses, el Gobernador no es ajeno a este descalabro; es quien firma el diseño de una gestión que prefiere gastar en "bienestar militante" antes que en prótesis.

La indignación social se fundamenta en una asimetría obscena. Mientras las clínicas de Mar del Plata cierran sus puertas por falta de pago y los insumos básicos escasean en las guardias, la gestión de Homero Giles —protegido político de Axel Kicillof— desvía recursos hacia actividades recreativas, talleres de adoctrinamiento y la contratación de figuras sin formación técnica. Los afiliados denuncian una malversación de caudales públicos a plena luz del día.

"IOMA no está fallando por error, está decidiendo por diseño", es la frase que resume la rebelión. No es una demora administrativa lo que impide una videoendoscopía durante un año; es una decisión política de no pagar para sostener una estructura de policonsultorios propios de dudosa transparencia.

Esta red, señalada como una caja paralela de la militancia, se expande mientras el sistema de salud tradicional de la Provincia colapsa bajo el peso de la deuda.

La Justicia como última frontera ante el abandono

Ante la inacción de una Defensoría del Pueblo cooptada por la lealtad partidaria y organismos de control que miran para otro lado, los afiliados han decidido romper el cerco.

La avanzada judicial en Mar del Plata marca un quiebre: ya no se pide "gestión", se exige el fin de una asociación ilícita que, según los denunciantes, utiliza el dinero de los aportes obligatorios para fines ajenos a la salud.

Para el ciudadano que mes a mes ve el descuento en su recibo de sueldo, la política sanitaria de Axel Kicillof se ha vuelto una quimera burocrática que llega cuando el daño es irreversible.

La naturalización del sufrimiento como herramienta de ahorro fiscal es, quizás, la mancha más oscura de un gobierno que predica la justicia social pero ejecuta el abandono más crudo.

El diagnóstico final de una gestión agotada

La crisis de IOMA es el espejo de la gestión de Axel Kicillof: un relato de "Estado presente" que choca de frente con la realidad de los pasillos de las clínicas vaciadas.

Al convertir la salud en una herramienta de disputa política y caja partidaria, el Gobernador ha perdido lo más valioso: la confianza de sus aportantes. En la Provincia, hoy la burocracia no es un trámite, es una sentencia.

Lo que tenés que saber sobre la crisis de IOMA

• Rebelión en Mar del Plata: Los afiliados autoconvocados llevaron a la justicia penal a Axel Kicillof y Homero Giles bajo la figura de asociación ilícita.

• Faltantes críticos: Denuncian interrupciones en tratamientos oncológicos y esperas de más de un año para estudios de diagnóstico básico.

• Cajas militantes: Mientras faltan insumos, el organismo es señalado por gastar en talleres recreativos y contratos para militancia política.

• El modelo Giles: Los "policonsultorios" de IOMA son cuestionados por su falta de transparencia y por ser utilizados como herramienta de ahorro forzado.

• Estado ausente: Los beneficiarios consideran que los organismos de control provinciales están "cooptados" por el oficialismo y no brindan respuestas.