El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) atraviesa una de sus crisis más profundas tras el hallazgo de una estructura delictiva de dimensiones industriales dentro de la Unidad Penitenciaria Bonaerense N° 9 de La Plata.

Los allanamientos realizados en el Pabellón 16, sector destinado a ex miembros de fuerzas de seguridad, destaparon una red de comercio ilegal y tecnología que funciona como un enclave soberano del crimen.

No es un hecho aislado: PrimeraPágina.Info ya había denunciado anteriormente la existencia de "Violadores VIP" en esta misma unidad, protegidos por el poder político.

La avanzada judicial permitió el secuestro de más de cien teléfonos celulares, computadoras, routers de alta potencia y hasta consolas PlayStation 4 y 5.

Este volumen de equipamiento técnico no entra por un descuido; refuerza las sospechas de una estructura organizada que opera con la permisividad absoluta de las autoridades penitenciarias.

"¿Cómo entran dos PlayStation 5 y routers a un penal si no es con una zona liberada por el Ministerio de Justicia?", es la pregunta que hoy resuena en los pasillos de la legislatura provincial.

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Las "Pymes" de la cárcel y el mercado del Tano

La investigación se originó gracias a una denuncia de los propios internos, quienes, hartos del hostigamiento, detallaron cómo funciona el sistema de "Pymes" carcelarias.

El esquema estaría coordinado por los llamados "limpiezas", con el interno "Tano" González Scinardo como figura central del mercado ilegal. Bajo su mando, la Unidad 9 se convirtió en un shopping de la ilegalidad donde todo tiene un precio en efectivo o mercadería.

El tarifario del Pabellón 16 es una muestra de la economía paralela que manejan los detenidos:

• Alquiler de Wi-Fi: Entre $15.000 y $20.000 mensuales por acceso.

• Peluquería: Cortes a $4.000 o el pago de tres paquetes de cigarrillos.

• Gastronomía: Venta de pizzas, sándwiches y pastas a precios de salón de Palermo.

• Cigarrillos: Un flujo de 100 paquetes diarios fuera de cualquier control oficial.

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Corrupción, estafas y un "Call Center" delictivo

Lo más grave de la denuncia que sacude a La Plata es el funcionamiento de un auténtico "Call Center" delictivo.

El equipamiento tecnológico secuestrado estaba destinado a realizar estafas virtuales y tareas de inteligencia criminal para robos en el exterior, en conexión directa con bandas que operan en las calles de la Provincia de Buenos Aires.

Los internos denunciaron que el pabellón funcionaba con una oficina de ayudantía paralela, manejada por un detenido que tenía acceso a documentación judicial y llaves del sector.

"Convirtieron la cárcel en una base operativa para seguir delinquiendo mientras cumplen condena", aseguran fuentes cercanas a la investigación.

El sistema incluía un "pago de estadía" y extorsión, donde los nuevos ingresantes debían abonar para no ser golpeados o para poder recibir visitas. Incluso se reportaron casos de reducción a la servidumbre, golpizas y expulsiones violentas que derivaron en internaciones psiquiátricas debido al hostigamiento.

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El costo político de Juan Martín Mena y Axel Kicillof

Este escándalo golpea de lleno en la gestión de Juan Martín Mena, el responsable político del Servicio Penitenciario Bonaerense. Mientras la oposición en la Legislatura bonaerense avanza con proyectos para prohibir celulares en las cárceles —siguiendo la línea del gobierno nacional—, la gestión de Mena parece estar en otro canal.

"Mena está más preocupado por la agenda judicial de Cristina Fernández de Kirchner que por controlar lo que pasa en las cárceles de Kicillof", disparan desde la oposición.

La desconfianza en las estructuras provinciales es tal que los denunciantes originales pedían la intervención de fuerzas federales, algo que finalmente no ocurrió.

Los allanamientos quedaron en manos de la Policía Bonaerense, lo que genera interrogantes sobre hasta dónde llegará la cadena de responsabilidades.

Se estima que estas maniobras ilegales mueven alrededor de $250.000 diarios a través de billeteras virtuales, un botín que alimenta la corrupción interna.

El fracaso del Estado presente en las cárceles

La pérdida de control en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires no es una sensación, es una realidad documentada.

Cuando un pabellón puede funcionar como una empresa que recauda millones de pesos mensuales y realiza inteligencia para cometer delitos, el concepto de "resocialización" es una burla.

El caso de la Unidad 9 es apenas la punta del iceberg de un sistema penitenciario que, bajo la mirada de Juan Martín Mena, ha dejado de ser un lugar de encierro para convertirse en un centro de negocios.

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Lo que tenés que saber sobre el escándalo en la Unidad 9

• Tecnología de lujo: Se secuestraron más de 100 celulares, routers y consolas PlayStation 5 en el pabellón de ex policías.

• Poder de los "Limpiezas": El interno "Tano" González Scinardo es señalado como el jefe del mercado ilegal de productos y servicios.

• Estafas virtuales: El penal funcionaba como un centro de operaciones para estafar gente fuera de la cárcel.

• Wi-Fi pago: Los presos debían pagar hasta $20.000 por mes para tener internet, negocio regenteado por los capos del pabellón.

• Gestión cuestionada: El caso pone en la mira a Juan Martín Mena y su falta de control sobre el sistema carcelario bonaerense.

• Antecedentes VIP: PrimeraPágina.Info ya había expuesto privilegios escandalosos en esta unidad, como el caso del violador Miguel De Boe.