La gestión de Fabián Cagliardi en Berisso acaba de chocar de frente con un hallazgo que dinamita cualquier pretensión de superioridad ética.
Una investigación ha revelado la identidad de los funcionarios del gabinete municipal que figuran como inquilinos de un complejo inmobiliario que viola sistemáticamente las ordenanzas de zonificación.
Lo que en cualquier ciudad normal sería un escándalo de proporciones, en el kilómetro cero del peronismo parece ser un beneficio más del cargo: vivir en la ilegalidad protegidos por el propio sello del Estado.
La trama expone una estructura de privilegios donde las máximas autoridades de infraestructura y control urbano de Berisso habitan unidades que cuentan con pedidos de demolición desde hace años.
El hecho de que estas propiedades estén situadas en un paisaje protegido no parece haber sido un impedimento para que la cúpula política local se asiente allí desde la pandemia de COVID-19, mientras los expedientes que ordenan tirar abajo las edificaciones duermen el sueño de los justos en sus propios escritorios.

El caso de Ricardo Dittler, Secretario de Obras y Servicios Públicos de Berisso, es quizás la paradoja más cínica del gabinete.
Ricardo Dittler es, por definición de su cargo, la máxima autoridad de infraestructura del municipio y el funcionario responsable de ejecutar las órdenes de demolición sobre construcciones que no cumplen con el reglamento.
Sin embargo, se asegura que alquila una unidad en este predio antirreglamentario, a pesar de que su residencia formal declarada se ubicaría en la zona de Gonnet, en el partido de La Plata.
La situación de Ricardo Dittler es insostenible desde el punto de vista institucional: el expediente que ordena demoler el domicilio que él mismo ocupa en Berisso reposa, metafóricamente, sobre su propio escritorio.
Mientras los vecinos de la ciudad deben cumplir a rajatabla con las normativas de construcción bajo amenaza de sanciones, el secretario encargado de aplicar la ley la ignora desde la comodidad de su living.
La subestimación de la ley continúa con María Inés García, Subsecretaria de Planificación y Gestión de Obra Pública. Su rol la convierte en la veedora oficial del cumplimiento de las normas de construcción en Berisso, con la potestad de labrar multas y promover demoliciones.
Sin embargo, los registros indican que reside en una unidad del mismo complejo ilegal que ella misma debería haber penalizado.
María Inés García, quien anteriormente fue Presidente del Consejo Escolar entre 2019 y 2023, habita una edificación ilegal dentro de un paisaje protegido.
Al respecto, Pablo Swar, actual director de PAMI Berisso, fue contundente sobre la falta de integridad de la funcionaria: «Qué increíble la escasa moral para obligar a los vecinos a cumplir con la ley cuando los mismos son los que la corrompen».
La tercera figura que completa este "triángulo de la impunidad" es Aldana Iovanovich, actual Presidente del Concejo Deliberante de Berisso y ex Secretaria de Gobierno.
Aldana Iovanovich ocupa una unidad del complejo desde el inicio de la pandemia en 2020, periodo en el que el expediente de demolición de la obra quedó convenientemente paralizado.
Como cabeza del cuerpo legislativo, a Aldana Iovanovich le corresponde custodiar las ordenanzas de zonificación que este edificio ignora. Lejos de cualquier intento de ocultamiento, en sus propias redes sociales se puede observar el registro visual del uso de estas edificaciones que cuentan con pedido de demolición.
Para el poder político de Berisso, parece que las leyes de zonificación son solo sugerencias para el resto de los mortales.
Inquilinos VIP: Tres altos funcionarios de Fabián Cagliardi viven en un complejo que viola las normas de zonificación de Berisso.
Ricardo Dittler: El Secretario de Obras Públicas habita una unidad que él mismo debería ordenar demoler por ser antirreglamentaria.
María Inés García: La subsecretaria encargada de controlar las obras vive en un predio ilegal desde la pandemia de COVID-19.
Aldana Iovanovich: La Presidente del Concejo Deliberante reside en el complejo mientras el expediente de demolición permanece frenado.
Paisaje Protegido: El edificio ilegal se encuentra emplazado en una zona de protección ambiental que la normativa prohíbe habitar de esta forma.
Privilegios en red: Las autoridades municipales usan sus redes sociales para mostrar el uso de las viviendas que tienen pedido de demolición de años anteriores.