El conflicto por el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sumó un nuevo capítulo. La Provincia de Buenos Aires solicitó al Gobierno nacional la transferencia de tierras del organismo para evitar su venta, en un contexto de ajuste, cierres de sedes y reducción de personal.
El pedido fue confirmado por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien explicó que buscan preservar el uso productivo y científico de los predios. Según detalló, las autoridades del INTA pusieron a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) unas 47.500 hectáreas, casi la mitad de las tierras que el organismo posee en todo el país.
“Hemos solicitado que esas tierras se traspasen porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación”, afirmó el funcionario, quien remarcó que ya formalizaron la solicitud y esperan una respuesta de Nación.
La preocupación no es nueva. En diciembre de 2024, el INTA concretó la venta de su sede en Palermo por unos 18,5 millones de dólares, en una operación que fue cuestionada por el sindicato APINTA.
Desde entonces, el proceso de desprendimiento de activos se aceleró. Entre las medidas más relevantes se destacan:
En este escenario, el Gobierno bonaerense intenta intervenir para evitar que continúe el proceso de venta de tierras, que consideran estratégico para el desarrollo agropecuario y científico.
Uno de los terrenos que genera mayor atención es el de la ex estación experimental del AMBA, un predio de 33 hectáreas ubicado entre Hurlingham e Ituzaingó. Según denuncian desde APINTA, podría ser uno de los primeros en ser rematados.
El sindicato también advirtió sobre un presunto vínculo entre el Gobierno nacional y el empresario inmobiliario Eduardo Elsztain, quien ya adquirió el edificio de Palermo en 2024. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial de estas acusaciones.
Este reclamo se suma a otros planteos de la administración bonaerense ante Nación, como los realizados por Andrés Larroque y Gabriel Katopodis por fondos y recursos.
A diferencia de esos casos, aquí no se trata de una deuda puntual, sino de una disputa por el control y uso de activos estratégicos. La Provincia sostiene que busca garantizar la continuidad de la investigación agropecuaria, mientras que desde Nación avanzan con una política de reducción del Estado.