El espejismo de un mercado informático desregulado acaba de sufrir un golpe verdaderamente letal. La histórica Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo decidió terminar con esa ficción jurídica. Se acabó la fiesta tecnológica.
Durante 10 años, multinacionales como Uber, DiDi y Cabify operaron bajo una nebulosa normativa sumamente conveniente. Prometían innovación, pero cimentaron su imperio sobre la precarización laboral más salvaje imaginable. Explotaron gravísimos vacíos legales sistemáticamente.
El reciente dictamen judicial desnuda una asimetría comercial que resulta francamente insostenible para cualquier república seria. Los magistrados equipararon estas plataformas digitales al clásico transporte público de pasajeros tradicional. La competencia desleal fue fulminada.
A partir de ahora, quienes manejen utilizando estas herramientas deberán tramitar su licencia profesional obligatoriamente. Además, tendrán que contratar seguros específicos que protejan al conductor, resguarden a cada pasajero transportado y cubran responsabilidad civil corporativa. Las reglas aplican para todos.
Desde nuestro portal PrimeraPágina.info venimos advirtiendo reiteradamente sobre este obsceno desequilibrio que asfixia a miles de familias trabajadoras. El aguerrido Sindicato de Peones de Taxis celebró con muchísima euforia tamaña victoria tras una larguísima contienda en tribunales. El reclamo gremial rindió frutos.
El tribunal emitió conceptos lapidarios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su imperdonable negligencia fiscalizadora. Los camaristas calificaron la postura estatal como una clarísima "omisión ilegítima" verdaderamente escandalosa e inaceptable. La desidia oficial quedó expuesta.
Aquel poder ejecutivo local toleró durante años una grosera apariencia de regularidad que confundió deliberadamente a millones de usuarios. Mientras asfixiaban a los tacheros con exigencias draconianas, las aplicaciones foráneas cruzaban semáforos rojos institucionales sin frenar. La doble vara es indignante.
Resulta irónico recordar a los efusivos funcionarios porteños defendiendo el libre mercado mientras cobraban astronómicos aranceles administrativos al sector formal. Afortunadamente, este fallo prohíbe percibir esos impuestos hasta que la ansiada equidad regulatoria esté garantizada plenamente. Deberán congelar la recaudación selectiva.
La sentencia también obliga a la administración capitalina a iniciar urgentes sumarios tributarios para gravar económicamente a estas evasivas empresas digitales. Semejante mandato expone la vergonzosa miopía de una agencia recaudadora que prefirió mirar hacia un costado. Evadieron obligaciones fiscales demasiado tiempo.
Adicionalmente, las autoridades deberán financiar campañas publicitarias advirtiendo sobre aquellos riesgos latentes al viajar mediante servicios completamente irregulares. Este cachetazo magistral interpela directamente al mismísimo jefe comunal, Jorge Macri, exigiéndole urgentes respuestas políticas ineludibles. El silencio gubernamental es ensordecedor.
Los dueños de los vehículos amarillos y negros respiran aliviados tras padecer una década de sangría económica despiadada. Sin embargo, algunos analistas desconfían sobre la verdadera capacidad operativa para hacer cumplir esta drástica medida impuesta. La implementación será verdaderamente caótica.
Ahora, la pelota descansa sobre el siempre sinuoso césped de la Legislatura Porteña, único órgano capaz de redactar normativas definitivas. Aquellos diputados distritales deberán abandonar su cómodo letargo para diseñar un marco regulatorio moderno y fundamentalmente justo. Tienen que legislar sin dilaciones.
Mientras tanto, miles de conductores casuales evalúan abandonar un sistema que dejó de ser rentablemente atractivo para ellos. Soportar gastos fijos enormes y trámites burocráticos engorrosos aniquila aquella promesa de ingresos extra trabajando pocas horas semanales. El modelo low-cost está quebrado.
Asistimos al crepúsculo de una mentira algorítmica que vendió espejitos de colores disfrazados de supuesta modernidad urbana irremediable. Las leyes de nuestra adorada Argentina finalmente acorralaron al capitalismo mágico que operaba desde servidores californianos inalcanzables. La anarquía corporativa fue derrotada.
Equiparación absoluta: La Justicia determinó que las apps brindan un servicio de transporte público y no son meras intermediarias tecnológicas neutrales.
Nuevas obligaciones: Los choferes de plataformas deberán obtener licencias profesionales y pagar seguros obligatorios de responsabilidad civil para poder trabajar.
Fuerte reto al Estado: El tribunal acusó al Ejecutivo porteño de "omisión ilegítima" por tolerar una competencia desleal que destruyó al sector taxista.
Freno recaudatorio: La Ciudad no podrá cobrarle impuestos ni trámites a los taxis hasta que no se equilibre la balanza normativa para todos los actores.
La pelota en la Legislatura: Estas exigencias se mantendrán firmes hasta que los diputados de CABA sancionen una ley específica que regule la actividad definitivamente.