La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de ser un organismo de asistencia para transformarse en el epicentro de un escándalo que combina la desidia administrativa con el saqueo liso y llano de las arcas públicas.

El interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, envió este domingo al juzgado de Ariel Lijo un informe lapidario que confirma la trama de sobreprecios que venía rastreando el fiscal Franco Picardi.

El documento es una radiografía del horror contable: se detectaron desvíos críticos en expedientes que comprometen un presupuesto total de $18.368.585.604,78.

Alejandro Vilches responde directamente al ministro de Salud, Mario Lugones, quien a su vez es el padre de uno de los socios de Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial.

Esta conexión jerárquica no es un detalle menor en el submundo de la Casa Rosada. Fuentes libertarias aseguran que la presentación de este informe es un "vuelto" en la escalada de la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei.

Mientras la hermana del presidente intenta blindar a sus propios alfiles, el sector de Santiago Caputo contraataca exponiendo la podredumbre en áreas sensibles manejadas por figuras que supieron orbitar cerca de "El Jefe".

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Facturas con recargos del 4.239%: el mapa del robo

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El detalle de los sobreprecios que describe Alejandro Vilches parece sacado de una ficción de estafa mayorista. El caso más escandaloso es el de Alexis Lautaro Reinoso (Factura 38425), donde se facturó un importe de $12.150.000,00.

Según el peritaje de la ANDIS, esto representa un sobreprecio del 4.239% respecto al valor de mercado para un equipo de idénticas prestaciones.

Es decir, el Estado Nacional pagó más de cuarenta veces el valor real de una prótesis, mientras miles de beneficiarios esperan meses por un insumo básico.

Pero el "Caso Reinoso" no es un hecho aislado. El informe identifica un universo de 505 expedientes bajo sospecha.

Se detectaron desvíos superiores al 800% en los legajos de pacientes como Perea de Fusco (908%), Suárez (897%), Martínez Figueroa (872%) y Serrano Dalina (con picos de 853%).

Las empresas señaladas por Alejandro Vilches como las principales beneficiarias de este esquema son Ortopedia Bernat SRL, Farma Salud SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugia Y Ortopedia Imnova SA, BYMAX MEDICAL y Expo Trauma.

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Una "pyme" familiar financiada por el Estado

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La investigación de la ANDIS no solo encontró precios inflados, sino también una "cartelización" familiar que distorsiona cualquier principio de libre competencia.

Según el documento elevado a Ariel Lijo, existe una relación directa y estrecha basada en lazos de sangre y directivos compartidos.

El caso emblemático es el vínculo entre Grupo Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova SA. Martín Gonzalo Armella es el presidente de Imnova SA y, al mismo tiempo, director suplente y socio de Artrobone Ortopedia SA.

La trama se cierra con Evangelina Ileana García, presidenta de Artrobone Ortopedia SA y madre de Martín Gonzalo Armella. Madre e hijo manejaban ambas empresas que, en teoría, debían competir entre sí para ofrecer el mejor precio al organismo que dirige Alejandro Vilches.

Para la intervención, esta red de conexiones societarias y familiares es la que permitía la manipulación de los presupuestos y la "razonabilidad" del gasto público que hoy se encuentra bajo la lupa del fiscal Franco Picardi.

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La interna política: Karina, Caputo y el "Tano" Angelici

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Más allá de los números fríos, el informe de la ANDIS es pólvora pura en medio de la crisis que atraviesa el Ministerio de Justicia. La pelea de fondo se remonta al desplazamiento de Sebastián Amerio (hombre de Santiago Caputo) cuando Karina Milei decidió imponer a Juan Bautista Mahiques como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

El joven Santiago Caputo llegó a advertirle al presidente Javier Milei que "Mahiques es su propio jefe", dolido por la pérdida de territorio en una cartera clave para el control de las causas judiciales.

Juan Bautista Mahiques desembarcó en el Ministerio de Justicia con el mandato de aplacar los frentes judiciales que preocupan a Karina Milei, a la AFA de Chiqui Tapia y al vocero Manuel Adorni. Sin embargo, su efectividad está siendo cuestionada en Balcarce 50.

El informe de Alejandro Vilches sobre las coimas en discapacidad cae como un misil sobre este equilibrio precario, justo cuando se rumorea un acuerdo entre la hermana del presidente y Daniel "Tano" Angelici para gestionar la influencia en los tribunales de Retiro.

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Lijo y la sombra del congelamiento judicial

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La presentación de estas pruebas pone en una situación incómoda al juez Ariel Lijo. El magistrado había quedado bajo sospecha de querer "congelar" el expediente cuando ordenó a la Gendarmería Nacional, bajo el mando de Patricia Bullrich, peritar los audios de Diego Spagnuolo (ex funcionario de la ANDIS y abogado personal de Javier Milei).

En esos audios se escuchaba una presunta negociación de retornos que escandalizó a la opinión pública. "Es una vergüenza", fue la frase que circuló en los pasillos de Comodoro Py la noche en que el juez libró ese oficio que estiraba los plazos.

Incluso circularon versiones sobre un encuentro secreto entre Ariel Lijo y Karina Milei para intentar encapsular el daño político del caso Diego Spagnuolo.

No obstante, con los elementos probatorios aportados por Alejandro Vilches, el fiscal Franco Picardi cuenta ahora con el combustible necesario para ratificar el pedido de indagatorias.

El cerco judicial vuelve a cerrarse sobre los ex directivos del organismo y los empresarios que montaron la "pyme" de sobreprecios ortopédicos más lucrativa de los últimos años.

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El ahorro de $4.770 millones: el control preventivo

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No todo está perdido para el erario público. Según el informe, del presupuesto total comprometido de $18.368.585.604,78, existe una cifra cercana a los $4.770 millones que se encuentra en estado "Pendiente" de liquidación. Alejandro Vilches destacó que este saldo otorga a la administración la oportunidad de ejercer un "control de legalidad preventivo".

El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios que, a criterio de la ANDIS, son sencillamente injustificables bajo cualquier lógica de mercado.

La batalla por la ANDIS es, en definitiva, el reflejo de una gestión que se debate entre la purga de la vieja política y la creación de sus propios mecanismos de caja.

Mientras el Ministerio de Salud de Mario Lugones acelera los informes contra la gestión anterior y sus satélites, en el Poder Judicial se juegan las cartas de la impunidad o la transparencia.

La "pólvora en todos lados" que menciona una fuente oficial no es solo una metáfora; es el estado de situación de un gobierno que, en su laberinto interno, empieza a escupir pruebas de corrupción que antes intentaba ocultar.