La paciencia de las bases sindicales llegó a su límite. En una demostración de fuerza que unifica a las tres centrales obreras del país, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) plantó bandera ante la Casa Rosada con un reclamo que desnuda la brutalidad del ajuste: el salario mínimo en la Argentina debe ser de $2.879.877.
La cifra no surge de un capricho político, sino del desglose técnico de los costos reales para cumplir con lo que mandan el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, hoy transformados en letra muerta por la gestión libertaria.
El diagnóstico de los gremios es terminal: el actual haber mínimo garantizado por el Poder Ejecutivo se ha hundido hasta convertirse en el más bajo de la historia económica argentina.
Esta licuación deliberada explica el fenomenal endeudamiento de las familias en la Provincia de Buenos Aires y en todo el territorio nacional, donde los trabajadores se ven forzados a financiar la comida diaria con tarjeta de crédito o préstamos usureros porque los ingresos genuinos no cubren ni la primera semana del mes.
Los números que maneja el FreSU —bloque que nuclea a más de 140 organizaciones sindicales de peso como la UOM, ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros— son escalofriantes.
Desde la asunción de Javier Milei, la masa salarial de los trabajadores argentinos sufrió una amputación de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales.
"Es el mayor trasvasamiento de recursos desde el bolsillo de los trabajadores hacia el sector financiero concentrado que se tenga memoria", denunciaron desde el frente.
El desglose de la pérdida individual demuestra que el ajuste no fue contra la casta, sino contra el laburante. En promedio, cada trabajador del sector privado ya perdió $2.321.245 en lo que va del proceso libertario.
La situación es todavía más dramática en el sector público, donde la motosierra y el congelamiento paritario provocaron una pérdida promedio de $12.788.939 por empleado, destruyendo la capacidad de consumo de la clase media y sumergiendo a miles de estatales por debajo de la línea de la pobreza.
Para sacar al salario de la zona de indigencia, el FreSU presentó la canasta de las nueve necesidades vitales que la ley exige garantizar para una jornada legal de trabajo.
El mapa del costo de vida actual para una familia trabajadora se compone de la siguiente manera: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); salud ($349.332); previsión social ($316.786); educación ($252.457) y vestimenta ($147.595).
A esto se le suma el bloque de transporte, esparcimiento y vacaciones, calculado en $597.209, derechos que la doctrina de la Casa Rosada considera "privilegios" prescindibles.
Este pliego de reclamos se consolidó tras el Primer Plenario de Delegadas y Delegados realizado el pasado 1º de Mayo, donde las bases votaron por unanimidad el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria.
“Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil que asegure una vida digna”, reza el documento lanzado por las organizaciones, advirtiendo que la paz social está condicionada a que el Ministro de Economía deje de usar el sueldo de los argentinos como el ancla distributiva de su plan de estabilización.
Pedido de piso salarial: El Frente de Sindicatos Unidos exige un haber mínimo de $2.879.877.
Pérdida histórica: Los asalariados perdieron 62 billones de pesos en sus ingresos durante la era de Javier Milei.
El golpe al privado: Cada empleado de empresas privadas perdió un promedio de $2.321.245.
Destrucción estatal: En el sector público, la caída promedio del poder adquisitivo llega a los $12.788.939.
La canasta legal: El cálculo se basa en cumplir las 9 necesidades de la Constitución Nacional, con la comida y la vivienda superando los $500.000 cada una.
Unidad gremial: El frente está compuesto por 140 gremios clave como la UOM, ATE y Aceiteros, unificando a las tres centrales obreras.