La causa judicial contra la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA) volvió a ocupar el centro de la escena tras el fallo de 491 páginas firmado por la jueza federal María Romilda Servini, quien procesó a tres integrantes de la organización por presunta asociación ilícita, trata de personas agravada y lavado de activos.
La resolución alcanzó a Marcelo Guerra Perkowicz, hijo adoptivo del líder de la organización; a María Beatriz Bugari y al músico y oboísta Mariano Krawczyk. Los embargos fijados por la magistrada también llamaron la atención: solo para Guerra Perkowicz se dispuso una suma de 1.200 millones de pesos.
La investigación, que se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py, gira alrededor de un supuesto esquema de explotación sexual, captación de víctimas y maniobras económicas que habrían movido millones de dólares durante décadas.
El expediente describe un entramado donde, según la acusación judicial, se mezclaban sexo, dinero, manipulación psicológica y promesas espirituales bajo la estructura de la denominada Escuela de Yoga.
La causa tuvo uno de sus momentos más impactantes en agosto de 2022, cuando la Policía Federal Argentina realizó allanamientos masivos en sedes de la organización en Villa Crespo, el edificio de la avenida Estado de Israel y la residencia de Juan Perkowicz en el country Santa Bárbara.
Durante los operativos se secuestraron:
Según la investigación, ese programa funcionaría como un mecanismo donde benefactores adinerados mantenían vínculos sexuales con presuntas víctimas a cambio de dinero.
Los investigadores también detectaron referencias a movimientos económicos millonarios y posibles transferencias hacia Estados Unidos, especialmente a ciudades como New York y Chicago, donde la organización habría tenido filiales.
La historia judicial de la Escuela de Yoga no comenzó con esta investigación. En 1993, el entonces juez Mariano Bergés había procesado a Juan Perkowicz y a miembros de la organización por acusaciones de corrupción de menores, prostitución y estafa.
En aquella época, la estructura ya contaba con sedes en distintos puntos del país y hasta una filial en Viena, Austria.
Sin embargo, la causa nunca llegó a juicio. El expediente quedó desarticulado tras una serie de recusaciones y decisiones judiciales posteriores.
Uno de los elementos que volvió a generar repercusión en la causa actual fue un video secuestrado durante los allanamientos. En esa grabación, fechada en 2007, el propio Perkowicz afirmaba:
“Tuvimos que coimear hasta la puta madre que lo parió... ¡A los jueces!”.
El exjuez Mariano Bergés rechazó cualquier vinculación con presuntos sobornos y aseguró que los integrantes de la organización “lo siguen odiando”.
La investigación tuvo un giro clave en diciembre de 2023, cuando la Sala II de la Cámara Federal anuló la elevación a juicio de 17 procesados dispuesta anteriormente por el juez Ariel Lijo.
El principal debate jurídico se centró en la figura de trata de personas. La Cámara consideró relevante que varias de las presuntas víctimas no se reconocieran públicamente como tales.
Sin embargo, en su reciente resolución, Servini sostuvo que existen “elementos objetivos” suficientes para investigar el delito más allá de la autopercepción de las víctimas.
La magistrada también destacó informes elaborados por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que intervino en los procedimientos de 2022.
Uno de los aspectos más llamativos del expediente aparece en documentos internos secuestrados durante los allanamientos.
Según el procesamiento judicial, existía un proyecto denominado “1B” o “negocio del billón”, impulsado presuntamente por Juan Perkowicz con el objetivo de reunir 1.000 millones de dólares entre los años 2000 y 2015.
La iniciativa apuntaba a captar personas millonarias mediante lo que el expediente describe como una “planificación erótica”.
Servini afirmó en su fallo que Krawczyk “participaba directamente en el proceso de despersonalización” y que colaboraba con la explotación sexual de mujeres dentro de la estructura investigada.
Respecto de María Beatriz Bugari, la magistrada sostuvo que no cumplía solo un rol profesional como arquitecta, sino que formaba parte del “engranaje jerárquico” encargado de proteger el patrimonio de la organización.
La investigación continúa abierta y todavía no existe una sentencia firme. Mientras tanto, la causa de la Escuela de Yoga Buenos Aires vuelve a exponer uno de los expedientes más escandalosos y complejos de las últimas décadas en la Justicia federal argentina.