Una paradoja que demuestra cómo los grandes contratistas del Estado logran facturar en simultáneo con el modelo libertario de Javier Milei, la estructura provincial de Axel Kicillof y el peronismo local, mientras el jefe comunal tiende puentes secretos con el oficialismo nacional en busca de fondos.
La empresa es ganadora del contrato por 1.668 millones de pesos fue SES S.A., una firma históricamente ligada a los negocios del clan de Nicolás y Luis Caputo.
Los encendidos discursos ideológicos y la pirotecnia mediática que simulan distanciar al peronismo kirchnerista de las fuerzas del orden libertario se evaporan por completo cuando ingresan al terreno de la obra pública bonaerense.
Un negocio que desnudó una trama de llamativa transversalidad en el municipio de Berisso: la construcción del megaproyecto del nuevo Polideportivo y espacio comunitario en el postergado barrio de Villa Progreso fue preadjudicada a la firma SES S.A. por un monto global que asciende a los 1.668 millones de pesos.
El detalle que agita las sospechas de opacidad es que se trata de la constructora asociada históricamente al riñón de negocios del clan de Nicolás "Caputo" y el actual ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo.
El anuncio del inicio de los trabajos edilicios en la parcela ubicada sobre la calle 21, entre 124 y 125, fue presentado con bombos y platillos por el intendente local Fabián Cagliardi, quien recorrió el predio prometiendo un edificio flexible de 1.056 metros cuadrados cubiertos con canchas de básquet, vóley, "burbujas lúdicas" para las primeras infancias y planes de forestación sustentable a cargo del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).
Sin embargo, detrás del relato de la contención social en una zona golpeada por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), los pliegos del financiamiento internacional otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) terminaron beneficiando a la corporación que supo ser el buque insignia de la obra pública del PRO en la Capital Federal y que hoy sobrevive con asombrosa plasticidad bajo el mandato provincial de Axel Kicillof.
La adjudicación de la obra a SES S.A. —que en los papeles formales figura bajo control del holding TGLT y CIMA Investments tras un cambio de manos accionario— ratifica la inercia institucional de las empresas que logran habituarse a los despachos del poder sin importar el color político de quien firme los cheques.
Voces de la oposición en el Concejo Deliberante local y especialistas en transparencia en la contratación pública advierten que cuando una firma históricamente asociada a círculos de máxima influencia presidencial compite por recursos de organismos multilaterales de crédito, la libre competencia corre con desventaja.
La estructura burocrática y los antecedentes de facturación le otorgan a este grupo de contratistas una "ventaja invisible" inaccesible para los constructores regionales.
El negocio millonario de Villa Progreso coincide con un sutil y calculado cambio de estrategia política por parte de Fabián Cagliardi. Mientras el jefe comunal berissense se alinea ruidosamente en la interna peronista bonaerense del lado de la gobernación de La Plata, en la trastienda de Balcarce 50 ha comenzado a construir puentes directos y canales de diálogo con los operadores de La Libertad Avanza.
La necesidad de asfixia financiera de las comunas peronistas obliga a los intendentes a tejer alianzas de conveniencia: la llegada de los fondos del Banco Mundial a Berisso funciona como el bálsamo perfecto para sostener el empleo municipal, habilitando un área de tregua donde conviven la billetera de los Caputo, los planes de hábitat de Kicillof y el pragmatismo territorial del propio intendente local.
Nadie en los barrios del cordón de la calle 122 cuestiona la imperiosa necesidad de infraestructura deportiva y social en un sector históricamente postergado por las sucesivas administraciones comunales.
El proyecto ejecutivo contempla materiales de alta durabilidad, sistemas de ventilación cruzada y accesibilidad universal para dotar a Villa Progreso de un polo de contención ante la crisis socioeconómica de 2026.
Sin embargo, la incomodidad política que genera el nombre del adjudicatario expone las contradicciones de una gestión que hace de la militancia nacional y popular su bandera de cabecera, pero que al momento de ejecutar los recursos prefiere recostarse sobre el confort y el 'know-how' de las mismas corporaciones ligadas al establishment financiero de Wall Street y el holding Socma.
La trama revelada echa luz sobre los verdaderos sótanos del poder local y provincial, donde la grieta electoral se reduce a una puesta en escena para consumo de las redes sociales.
Mientras la militancia debate el impacto de la motosierra nacional en los comedores bonaerenses, las transferencias bancarias destinadas al cemento y los ladrillos en Berisso terminan fluyendo hacia las cuentas de las firmas que dominan los engranajes del Estado desde hace décadas.
El playón deportivo de Villa Progreso comenzará a levantarse en las próximas semanas, pero su estructura cargará con el estigma de ser el monumento bonaerense donde el peronismo y el caputismo sellaron su pacto de convivencia económica más rentable.
Las claves del millonario contrato de Villa Progreso