La medida, dictada por el juez Sebastián Ramos a instancias del fiscal Ramiro González, busca determinar si existió una maniobra de cartelización y competencia simulada.

La trama detrás del grupo societario que monopolizó las ofertas, el dictamen oculto de Defensa de la Competencia y la denuncia penal que radicó la diputada Marcela Pagano por fraude a la administración pública.

El discurso del control estricto del gasto público y la transparencia en las contrataciones del Estado sufrió un duro revés en los tribunales de Comodoro Py.

La Justicia federal tomó cartas en el asunto y ordenó a la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei, la entrega inmediata del expediente administrativo completo de una licitación pública valuada en 700 millones de pesos.

El contrato en disputa tiene como objeto la contratación del servicio de mantenimiento integral y riego de los espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, pero el proceso quedó paralizado bajo la sospecha de haber sido una burda maniobra de "ficción licitatoria" armada para inflar los precios de mercado.

La causa penal, que quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos, se activó tras el requerimiento del fiscal Ramiro González, quien solicitó los papeles oficiales para auditar en qué estado se encuentra la adjudicación y corroborar si el Estado nacional ya ejecutó desembolsos de fondos hacia las firmas ganadoras.

El centro de la polémica radica en que las dos empresas que llegaron a la instancia final de la compulsa de precios, "La Mantovana de Servicios Generales SA" y "Grub SA", se presentaron como supuestas competidoras independientes cuando, en realidad, ambas pertenecen al mismo conglomerado empresarial: el Grupo Buena Vista SA.

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El dictamen oculto y la denuncia de Marcela Pagano

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El entramado societario que el entorno de la hermana presidencial habría pasado por alto cuenta con un antecedente técnico de peso que complica la estrategia de defensa oficial.

Existe un dictamen previo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que ya había alertado sobre los vínculos y la falta de independencia económica entre las firmas del Grupo Buena Vista.

La investigación judicial apunta a determinar si la Secretaría General de la Presidencia ignoró de forma deliberada estas alertas con el objetivo de garantizar el millonario negocio del parquizado a un proveedor predilecto, convalidando cotizaciones por encima de los valores reales.

El dato político más demoledor del expediente es el origen de la denuncia. La presentación judicial que activó el caso fue radicada por la diputada nacional Marcela Pagano, lo que blanquea una fractura total en el bloque oficialista y una guerra abierta entre las distintas terminales de La Libertad Avanza.

La legisladora acusó formalmente a Karina Milei por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, sosteniendo que era obligación legal del área de contrataciones de la Presidencia verificar que no se estuviera convalidando una cartelización empresarial en las narices del propio jefe de Estado.

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Silencio en Olivos ante el avance de Comodoro Py

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El destino procesal de la secretaria general y mano derecha del presidente Javier Milei quedó ahora atado a los documentos que sus propios asesores legales deben enviar a las oficinas judiciales.

Una vez que el juzgado de Ramos reciba y analice las fojas del pliego de bases y condiciones, el fiscal González estará en condiciones de definir si avanza con una imputación formal y el llamado a declaración indagatoria de los funcionarios que estamparon su firma en el millonario contrato de jardinería.

Mientras en la Provincia de Buenos Aires y en los barrios populares del conurbano los recortes presupuestarios asfixian la obra pública y el funcionamiento de áreas básicas, el escándalo por los 700 millones destinados a embellecer el césped de los palacios presidenciales añade una fuerte dosis de malestar social.

La Casa Rosada optó por el hermetismo y el silencio de sus voceros habituales frente al requerimiento judicial, un comportamiento que expone la incomodidad de un gobierno que construyó su legitimidad prometiendo combatir los vicios de la vieja política corporativa y hoy debe dar explicaciones en los tribunales por los mismos vicios de cartelización que decía venir a erradicar.

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Las claves del expediente que salpica a "El Jefe"

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• La cifra del contrato: El pliego bajo investigación judicial asciende a los 700 millones de pesos para el cuidado de jardines oficiales.

• Ficción licitatoria: Denuncian que las dos empresas oferentes finalistas pertenecen al mismo holding, el Grupo Buena Vista SA.
   
• La orden del Juez: Sebastián Ramos intimó a la Presidencia a entregar la totalidad de las actuaciones administrativas.
   
• Fuego amigo: La denuncia penal en los tribunales federales fue impulsada por la propia diputada oficialista Marcela Pagano.
   
• Las imputaciones posibles: La causa investiga maniobras compatibles con fraude al Estado y negociaciones incompatibles.
   
• Antecedente ignorado: El Gobierno habría desoído un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia sobre la cartelización de las firmas.