Por: Empresario reparo una calle frente a su hotel, y el gobierno de Javier Milei le ordenó romperla

La imagen es el resumen perfecto de la gestión de la infraestructura en la era de Javier Milei: un sector de la colectora de la Autopista Rosario-Córdoba totalmente intransitable, pozos que parecen cráteres y la inacción absoluta de una empresa concesionaria que sigue cobrando peajes mientras la calzada se desmorona.

Ante la desidia crónica del Estado nacional y la demora eterna de las autoridades locales, el CEO del hotel Radisson RED Funes decidió tomar la sartén por el mango.

Tras siete meses de pedidos formales a Vialidad Nacional y a la empresa contratista, el empresario invirtió de su propio bolsillo en maquinaria y materiales para pavimentar y acondicionar un tramo que era un peligro constante para sus clientes y los trabajadores de la zona.

Mientras el Gobierno nacional brilla por su ausencia en el mantenimiento de la red vial, Vialidad Nacional se puso el traje de verdugo para exigir que se restituya el estado de desidia original, bajo el argumento burocrático de la "ilegalidad".

La colisión entre la desesperación del sector privado por infraestructura básica y la rigidez de un Estado que, bajo la motosierra, prefiere el deterioro antes que admitir la ayuda de un tercero.

Pero la respuesta del Estado no fue el agradecimiento, sino la furia burocrática. En lugar de celebrar una obra de mejora en el espacio público que el Estado no estaba realizando, Vialidad Nacional respondió con una carta documento intimando al empresario a "volver a la situación anterior".

Es decir: le exigen que rompa el asfalto que él mismo puso y vuelva a dejar la calle en el estado de abandono que la gestión de Milei le heredó.

Desde el organismo nacional, las fuentes oficiales se escudaron en la "ilegalidad" de la intervención, alegando que el empresario no contaba con la habilitación ni las medidas de seguridad exigidas.

---

Un laberinto legal: entre la exigencia municipal y la prohibición nacional

---

El conflicto expone la fragmentación y la falta de criterio en el gobierno libertario. Mientras el empresario relata con impotencia que la Municipalidad le exige "libre accesibilidad" para el funcionamiento del polo comercial y hotelero, Vialidad Nacional se cierra en el formalismo de la prohibición.

"Por más bien que lo hayamos hecho, con la lluvia, como está la situación actual, los camiones, las máquinas, se va deteriorando el camino. La municipalidad es la que me exige que tenga libre accesibilidad y, por otro lado, Vialidad me prohíbe que lo reparemos", confesó el CEO del hotel ante los medios locales, resumiendo el absurdo de quien quiere trabajar en un país donde las reglas parecen diseñadas para favorecer el estancamiento.

Este tipo de situaciones están empezando a repetirse a lo largo y ancho del país. La política de "déficit cero" en la obra pública no solo ha detenido la construcción de nuevas rutas, sino que ha condenado al mantenimiento rutinario a un limbo donde nadie se hace cargo de los pozos.

Si un particular intenta suplir esa falencia estatal, el sistema reacciona con una violencia burocrática desproporcionada. Para muchos, este caso es la prueba de que, para la administración libertaria, es preferible un pozo que cumpla con los estándares de "ausencia de gasto público" que un pavimento hecho por un privado que cuestione la inutilidad del organismo estatal.

---

Las claves del absurdo de Funes

• La obra privada: Un empresario hotelero pavimentó a su costo un tramo de la colectora de la autopista Rosario-Córdoba frente a su predio.

• El reclamo previo: El CEO del Radisson RED Funes afirmó que durante siete meses pidió a Vialidad y a la empresa del peaje que repararan los cráteres.

• La respuesta estatal: Vialidad Nacional envió una carta documento exigiendo que el empresario "vuelva a la situación anterior", es decir, que destruya lo que arregló.

• El argumento oficial: La empresa estatal sostiene que la conexión es ilegal y no cumple con medidas de seguridad.

• El conflicto de competencias: Mientras la Municipalidad exige mejoras de accesibilidad, el Estado nacional prohíbe las reparaciones por cuestiones formales.

• La metáfora libertaria: Un Estado que no invierte en infraestructura y que castiga al privado que intenta paliar el abandono.