La intervención de la UOM, el gremio industrial más potente del país, ha encendido todas las alarmas en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).

La decisión de los jueces Víctor Pesino y María Dora González de desplazar a la conducción electa —que había obtenido el 80% de los votos en las elecciones de marzo— es vista por el sindicalismo como un ataque directo a la Constitución Nacional y a la autonomía gremial.

Rodolfo Aguiar fue tajante: “Tenemos una Justicia que hace política, que ya gobierna y ahora también quiere conducir los gremios”.

La movilización de mañana, con epicentro en Adolfo Alsina 485, será el prólogo de un Congreso Nacional de ATE el jueves 28, donde se definirá si el movimiento obrero logra unificar un plan de lucha nacional que ponga freno al avance judicial.

Rodolfo Aguiar, líder de ATE Nacional, convocó a una movilización masiva para mañana martes 26 hacia la sede metalúrgica y disparó munición gruesa: la intervención de la UOM no es un hecho aislado, sino una "asociación ilícita" entre el Poder Judicial, el empresariado y el Gobierno para disciplinar a los gremios.

La amenaza es clara: si no se convoca a una huelga general por tiempo indeterminado, el Estado terminará por tomar el control de todas las organizaciones sindicales.

Lo que irrita particularmente a la cúpula sindical es el timing y el trasfondo de los magistrados involucrados. Pesino y González no son figuras neutrales: son los mismos que validaron la reforma laboral de Javier Milei.

Más sospechoso aún resulta que, tras validar medidas que recortan derechos laborales, el juez Pesino fuera beneficiado con una prórroga de su mandato pese a estar en edad jubilatoria.

Para Aguiar, estamos frente a un "poder político, judicial y económico que se juntó para delinquir" contra la integridad de las organizaciones que históricamente han servido de contrapeso al poder real.

​La batalla legal: ¿Se rompió el Estado de Derecho?

​ATE no basa su reclamo solo en la fuerza, sino en una lectura técnica de la normativa vigente. La intervención vulnera abiertamente principios fundamentales:

• ​Constitución Nacional (Art. 14 bis): Que garantiza el derecho de huelga y la estabilidad de los representantes gremiales.
   
• ​Ley N° 23.511 (Libertad Sindical): Los artículos 4° y 6° prohíben taxativamente que el Estado o empleadores limiten la autonomía interna de los sindicatos.
   
• ​Ética Sindical (Art. 53, inc. b): Califica como práctica desleal cualquier interferencia en la administración o constitución de entes gremiales.

​“Lo que está ocurriendo con la UOM es propio de las dictaduras militares”, sentenció Aguiar, advirtiendo que, si el sindicalismo permite este precedente, no quedará ninguna organización a salvo de una Justicia que, según sus palabras, está "subordinada al poder político de turno".

​¿Hacia un paro general por tiempo indeterminado?

​El tablero político-gremial se prepara para un escalada. La reunión de más de 140 organizaciones que integran el FreSU buscará unificar un mensaje que, hasta ahora, venía siendo fragmentado.

El ala más combativa del sindicalismo, liderada por ATE, sostiene que la respuesta debe ser inmediata: huelga general. La apuesta es poner a salvo los intereses de los trabajadores antes de que la judicialización se convierta en la norma para desplazar a cualquier conducción gremial que incomode al oficialismo.

​La movilización de mañana no es solo por la UOM; es una demostración de fuerza ante un Gobierno que busca disciplinar al movimiento obrero. En las próximas 48 horas, se sabrá si el sindicalismo argentino puede coordinar una resistencia histórica o si, por el contrario, la división interna permitirá que la intervención judicial se convierta en una herramienta de control total.

Las claves del conflicto metalúrgico

• ​La intervención: La Justicia anuló las elecciones de marzo de la UOM y desplazó a Abel Furlán tras una elección donde obtuvo el 80% de apoyo.
   
• ​Los jueces en la mira: Víctor Pesino y María Dora González son cuestionados por su estrecha relación con el Gobierno y por validar la reforma laboral.
   
• ​La respuesta de ATE: Rodolfo Aguiar convoca a movilizar mañana martes 26 y a un Congreso nacional el jueves 28 para definir medidas de fuerza.
   
• ​La amenaza sindical: ATE sostiene que, si no hay un paro general por tiempo indeterminado, el Gobierno se quedará con el manejo de todos los gremios.
   
• ​Violación de leyes: La intervención contradice el Art. 14 bis de la Constitución y la Ley de Asociaciones Sindicales.
   
• ​El objetivo de fondo: Para el sindicalismo, esto no es un fallo judicial, es una operación política para disciplinar a la resistencia obrera.