El colapso de IOMA no es un accidente; es, según sus críticos, el resultado lógico de una gestión que transformó un derecho en un botín político.

El desprecio de Axel Kicillof por el dolor de los afiliados —que ven cómo sus aportes se evaporan en una maraña administrativa— ha llegado a un punto de no retorno.

La exigencia de que Homero Giles se siente finalmente en el recinto de Diputados para dar explicaciones no es más que el inicio de una demanda de transparencia frente a una gestión que se ha blindado con el silencio y la retórica del "proyecto popular".

Lo que ocurre puertas adentro de la obra social es un sistema de "salud militante" que cuadruplica el gasto en estructuras innecesarias, vaciando el bolsillo de los trabajadores públicos para financiar un modelo que despersonaliza el acto médico y prioriza el negocio por sobre el paciente.

La cifra es escalofriante: el presupuesto de IOMA equivale al de tres provincias argentinas, pero en lugar de eficiencia, los afiliados encuentran una "anestesia jurídica" y una red de negocios multimillonarios que ya empieza a ser comparada con las estructuras de corrupción más oscuras de la historia provincial.

La voz de alerta ha sido levantada por quienes han puesto el cuerpo ante las mafias. Denuncias de dirigentes que han sufrido atentados físicos por exponer convenios leoninos con la industria farmacéutica demuestran que, detrás de la ineficiencia, existe una red de intereses económicos que no tolera la luz pública.

La justicia provincial, tildada de estar bajo una "anestesia jurídica", ha mantenido paralizadas investigaciones clave, obligando a los damnificados a buscar refugio en los fueros federales y en los organismos de derechos humanos.

Un presupuesto de tres provincias y una gestión de espaldas a la gente

La indignación crece al contrastar la realidad económica de IOMA con la calidad del servicio. Con un presupuesto anual equivalente al de tres provincias, el organismo no padece falta de recursos: padece una gestión política que ha sido comparada con las peores prácticas del clientelismo institucional.

La proliferación de policonsultorios —muchos de ellos sin capacidad operativa real pero con grandes erogaciones presupuestarias— se ha convertido en el símbolo de un sistema que mata por omisión.

"Detrás de cada prestación hay un negocio multimillonario, y ese negocio le está causando la muerte a muchos afiliados que fallecen esperando una prótesis."

Esta frase, pronunciada por quienes conocen las entrañas del organismo, resume la gravedad de la situación. Mientras desde La Plata se ensayan discursos sobre la "defensa de lo público", en los hospitales y farmacias, los afiliados de IOMA viven un calvario diario.

La falta de insumos médicos básicos, el rechazo de órdenes de consulta y la desidia administrativa son, para muchos, la evidencia de una intervención judicial necesaria.

Kicillof no puede seguir mirando hacia otro lado mientras la obra social se desangra y sus funcionarios, como Giles, parecen más ocupados en sostener la estructura política que en resolver la emergencia sanitaria.

Las claves del escándalo IOMA

• Modelo de salud militante: Denuncian que Kicillof y Giles priorizan la creación de policonsultorios ineficientes sobre la atención médica real.

• El presupuesto perdido: IOMA maneja recursos equivalentes a tres provincias argentinas, pero el servicio es deficiente y colapsado.

• Denuncias de mafia: Dirigentes gremiales han sufrido atentados y amenazas por investigar convenios oscuros con la industria farmacéutica.

• Justicia paralizada: Se acusa a la justicia provincial de una "anestesia jurídica" que impide avanzar en las denuncias por desvío de fondos.

• Pedidos urgentes: Se solicita formalmente la intervención jurídica de IOMA y la interpelación de Homero Giles en Diputados.

• La crisis humanitaria: La falta de prótesis y medicación para pacientes crónicos y oncológicos es el costo humano de la desidia estatal.