A través de la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei avanzó con un nuevo recorte en la estructura de subsidios al sector privado. La Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte marca un cambio radical en la lógica del sistema interjurisdiccional.

Históricamente, el Estado actuaba como garante mediante un esquema de compensaciones que mitigaba el impacto económico para las empresas, que debían ceder asientos sin costo cumpliendo con leyes nacionales de protección social.

Ahora, con el argumento de que el mercado de transporte ha sido desregulado —tras el Decreto 883/2024 que libera horarios, recorridos y tarifas—, el Gobierno considera que ya no existen "desequilibrios" que ameriten la intervención estatal.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece que, si bien la obligación de las empresas de otorgar los boletos sin cargo permanece vigente, el Estado dejará de subsidiar el costo que esto genera para las compañías.

Mientras el Gobierno argumenta que la "causa estructural" del subsidio ha sido superada tras la desregulación del sector, la realidad plantea un escenario incierto para los usuarios y un nuevo frente de conflicto con las cámaras empresariales.

El texto oficial es enfático al señalar que el "derecho a la gratuidad" permanece inalterado y que los transportistas tienen la obligación legal de seguir emitiendo los pasajes.

Sin embargo, la lógica de mercado impone una duda lógica: ¿cómo reaccionarán las empresas ante la carga de costos que el Estado ya no absorbe? La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ha sido designada como la autoridad encargada de velar por el "efectivo cumplimiento", pero los antecedentes de desregulación sugieren que las compañías podrían volverse mucho más reticentes a la hora de otorgar los cupos, argumentando dificultades financieras para cubrir la falta de compensación.

La nueva letra chica del transporte de larga distancia

La fundamentación oficial sostiene que la desregulación permite a las empresas "determinar libremente" sus condiciones comerciales, lo cual, según la lógica libertaria, debería compensar la quita de estos fondos.

No obstante, las organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad ya han manifestado su profunda preocupación.

El riesgo es que la teoría del libre mercado choque con la realidad operativa: que los pasajes sigan siendo "exigibles" por ley, pero que en la práctica los usuarios se enfrenten a un "no hay cupo" sistemático por parte de las empresas.

El Gobierno asegura que la medida no afecta el contenido esencial del derecho, pero elimina el incentivo económico que hacía que el sistema funcionara con fluidez.

La cláusula transitoria, destinada a proteger situaciones anteriores bajo el principio de "seguridad jurídica", no alcanza a calmar las aguas ante un panorama donde la rentabilidad privada parece haber sido priorizada por encima de la compensación estatal a las políticas de inclusión.

Claves de la Resolución 28/2026

• Eliminación del subsidio: El Estado deja de pagar la compensación económica a las empresas de larga distancia por los pasajes gratuitos.

• Derecho vigente: La resolución asegura que el derecho a viajar sin cargo para personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer sigue siendo exigible.

• Lógica de mercado: La quita se fundamenta en la libertad tarifaria y de servicios otorgada a los transportistas por el Decreto 883/2024.

• Control de la CNRT: El organismo deberá garantizar que las empresas emitan los boletos pese a no recibir la compensación estatal.

• Fin de la "causa estructural": El Gobierno sostiene que el esquema compensatorio es "innecesario" tras la apertura del mercado.

• Riesgo operativo: La incertidumbre radica en cómo las empresas absorberán este costo y si esto se traducirá en trabas para el acceso real a los pasajes.