La rosca partidaria jamás descansa cuando sobran sillones jerárquicos. Axel Kicillof decidió utilizar nuestra principal entidad financiera para ubicar piezas obsoletas. Transformar esta institución crediticia en una monumental bolsa de empleo expone un desprecio absoluto por los bonaerenses.

El desembarco del eterno cacique

Un reciente decreto gubernamental de PBA oficializó a un antiguo barón territorial dentro de esa mesa chica. Alberto Descalzo (histórico y eterno intendente de Ituzaingó) venía trabajando en el armado político nacional del Gobernador. Se queda con Provincia Seguros. Semejante designación ratifica que varios líderes peronistas siempre caen parados.

Quien conduce este barco a la deriva es Juan Cuattromo, un oscuro y opaco economista alineado ciegamente con la gobernación. A su lado se sienta Carlos "Cuto" Moreno, histórico armador legislativo y apoderado de mañas arcaicas. Completan esa cuota oficialista directa Alejandro Formento junto a Carlos Orsingher, garantizando obediencia absoluta.

Oposición cómplice y militancia rentada

El arco opositor también muerde desesperadamente esta suculenta torta estatal. Marcelo Daletto y Fernando Pérez representan al radicalismo pactista, mientras Matías Ranzini junto con Adrián Urreli aseguran una porción del PRO. Estos autodenominados republicanos levantan sus manos sumisamente avalando cualquier barbaridad a cambio de abultados retornos mensuales.

“Ninguno de los integrantes del Directorio posee antecedentes bancarios brillantes”, murmuran aquellos empleados con verdadera trayectoria técnica.

El massismo cobró también imponiendo allí a Javier Osuna más Sergio Bordoni, sumando intendentes que buscan asilo financiero. Por su parte, La Cámpora incrustó a Rodrigo "Rodra" Rodríguez y Laura González, alfiles puros de Máximo Kirchner. Para terminar de lotear este botín, sumaron a Gabriela Demaría y Fernando Rozas, sellando un acuerdo transversal.

La indignación crece observando cómo corporaciones parasitarias colonizan recursos públicos mientras las pymes cierran por falta de crédito. Mantener tremenda burocracia cuesta fortunas incalculables al ciudadano de a pie.

Cada director en BAPRO, le cuesta a los bonaerenses unos 100 millones mensuales entre sueldo (unos $40M), seis asesores ($6M cada uno), auto, chofer, combustible y alquiler de una vivienda.

La concesión del gobernador Axel Kicillof de ampliar la cúpula de la entidad de ocho a doce miembros, en noviembre de 2025 a cambio de que los legisladores le aprueben la ley de Endeudamiento Financiero de PBA, no solo evidencia el valor estratégico de BAPRO, sino que obliga a un escrutinio forense de la razón fundamental por la que esos sillones son tan preciados: su remuneración.

El directorio del Bapro está conformado por:
Presidente: Juan M. Cuattromo
Vicepresidente: Carlos Julio Moreno
Director Secretario: Alejandro Formento
Directores Titulares: Marcelo Daletto, Carlos Rubén Orsingher, Carlos Javier Osuna, Julio César Pereyra, Matías Fernando Ranzini, Rodrigo Rodríguez y Fernando Rozas.
Directores Asociados: Sergio Bordoni, Fernando Pérez y Adrián Urreli.

El BAPRO funciona bajo un manto de autarquía financiera que lo exime de las Leyes de Empleo Público que rigen a la mayoría de los funcionarios provinciales. Esta excepción legal, consagrada en su Carta Orgánica, es la clave de bóveda de un esquema salarial diseñado para ser opaco y, a la vez, competitivo con el sector privado.

La arquitectura del ingreso: Fijo vs. Variable

El análisis contable revela una estructura de compensación dual que es intencionalmente engañosa para el ojo público y legislativo.

1. El componente fijo (el salario de fantasía)

Este es el único monto que, en general, trasciende en los reportes de transparencia activa. Es el salario base que se paga mensualmente. Si bien supera con creces cualquier sueldo de ministro o legislador, se estima que este componente fijo asciende a cerca de 3.02 millones brutos mensuales.

Aunque esta cifra es alta, por sí sola no justifica la atracción de talento ni la polémica de los "salarios millonarios". Su función principal, para el esquema de BAPRO, es ser la porción del sueldo sujeta al control más directo, sirviendo como un "piso" de compensación que maquilla la magnitud de la cifra final.

2. El componente variable (el bono opaco)

Aquí reside la verdad financiera de los directores. El componente variable es una bonificación por productividad, o participación en las utilidades de la entidad. Es un mecanismo de incentivo a largo plazo heredado de las prácticas de la banca privada, donde los bonos representan la mayor parte de la compensación ejecutiva.

El Banco Provincia, siendo un generador de ganancias fundamental para el Tesoro provincial, justifica este bono como la herramienta indispensable para retener a profesionales que, de otra forma, migrarían a bancos privados o de inversión, donde la alta gerencia puede superar cómodamente los 20 millones o más por mes.

La revelación de la proporción: Nuestro escrutinio indica que, en ejercicios fiscales rentables (como los que se esperan al aprobar el nuevo endeudamiento), la remuneración total de un vocal del Directorio de BAPRO se proyecta en un rango de 7.5 millones mensuales por cargo.

Esto implica que el bono de desempeño representa entre el 65% y el 75% de la remuneración total anual del director.

Este mecanismo de bonificación es una verdadera "caja negra" financiera, ya que:

Discrecionalidad interna: La metodología de cálculo y liquidación del bono se establece a través de resoluciones internas del propio Directorio y del Comité de Remuneraciones, quedando al margen de la ley de presupuesto o de la auditoría externa detallada de la Contaduría General de la Provincia.

Ausencia de reporte consolidado: El BAPRO evita la publicación del Salario Anual Total (SAT) Consolidado, que incluiría el monto exacto del bono liquidado al cierre del ejercicio. Solo se reporta la cifra base, manteniendo el ingreso real del Directorio en las sombras.

La moneda de cambio política y el costo ético

La ampliación de la mesa del Directorio de 8 a 12 miembros, conseguida a cambio de la aprobación del endeudamiento, es la prueba de fuego del valor político de esta opacidad financiera. Kicillof no cedió "cargos", cedió cuatro nuevos puestos de trabajo que garantizan a sus ocupantes ingresos que están fuera de toda escala estatal.

El costo de este acuerdo es doble:

Costo Financiero: La Provincia asume el costo de cuatro remuneraciones de alto nivel, financiadas con recursos del banco, como pago por la "paz legislativa".

Costo Ético y Fiduciario: Se institucionaliza la falta de transparencia en el organismo de control financiero más importante de la Provincia. Los ciudadanos y la Legislatura deben confiar en un directorio que regula la gestión financiera provincial, mientras que su propia compensación escapa a un reporte claro.

La única salida: transparencia obligatoria

Desde la perspectiva del análisis contable y la ética periodística, la situación solo se puede remediar con un cambio de estándar. El BAPRO, como entidad pública con propósito social, debe migrar hacia una transparencia de nivel corporativo que no oculte su realidad financiera bajo el pretexto de la competencia de mercado.

Demandamos:

Publicación Obligatoria del Salario Anual Total (SAT): Reporte anual, auditado externamente, que consolide el salario fijo más todos los bonos y participaciones liquidadas a cada director, expresado como una única cifra integral.

Revelación de la Metodología: Hacer público el reglamento de cálculo del Componente Variable, detallando los objetivos de rentabilidad y desempeño que deben cumplirse para acceder a la bonificación.

Mientras el BAPRO siga escondiendo la mayor parte del sueldo de sus directores en un "bono opaco," la controversia política y la sospecha ética seguirán siendo tan grandes como sus ganancias. La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires tiene la obligación de fiscalizar que la autarquía financiera no se convierta en una patente de corso para el privilegio.