La diputada libertaria Lilia Lemoine quedó envuelta en un escándalo tras confesar, con total naturalidad en una entrevista televisiva, que le ofreció un contrato estatal a su abogado personal, Hernán Seivane, para pagarle "cinco o seis palos" mensuales.

La confesión de Lemoine no es solo un desliz comunicativo; representa una práctica que, en términos legales, roza delitos como la malversación de caudales públicos o el incumplimiento de deberes de funcionario público.

Al admitir que intentó contratar a quien la defiende en causas particulares, la legisladora pone en evidencia una visión patrimonialista del Estado:

• Dinero público para fines privados: La diputada intentó asignar fondos estatales para cubrir sus honorarios legales privados, buscando que los contribuyentes financien su defensa.

• El "no" de su abogado: Según trascendió, el letrado Hernán Seivane habría rechazado la propuesta no por falta de interés, sino para evitar incurrir en un delito penal que podría llevarlo a prisión.

• El contraste cruel: Mientras Lemoine buscaba otorgar un sueldo millonario a un allegado, el Gobierno oficializaba la Resolución 28/2026, quitando los fondos necesarios para que personas con discapacidad y niños con cáncer puedan viajar.

🗣 “Le ofrecí un contrato ahora y no me lo quiere agarrar”

➡ La Diputada Lilia Lemoine dijo en un stream que le ofreció a su abogado particular, Hernán Seivan cobrar un contrato estatal

LA CASTA TIENE UN CAGAZO BÁRBARO 🤡 pic.twitter.com/WxXlHeV5LU

— Televisión Argentina (@teleargentinaOK) May 28, 2026

Una conducta que recuerda a los peores vicios de la política

La comparación con figuras del kirchnerismo ha sido inevitable en redes sociales y ámbitos políticos. Al igual que en episodios pasados que el actual oficialismo supo denunciar con dureza, Lemoine parece haber caído en el mismo vicio: entender que la caja del Estado está a disposición para resolver problemas personales o fidelidades políticas.

Parece que la legisladora no sabe que la plata del Estado es para funciones oficiales o asesoramiento, no para resolver situaciones personales.

Esta conducta expone la hipocresía de un sector que llegó al poder bajo la promesa de terminar con los privilegios de la casta, pero que rápidamente se acomoda a utilizar las mismas herramientas que tanto criticaron.

Contratar a un abogado personal con fondos públicos no solo es una falta ética grave, sino una afrenta directa a cada ciudadano que paga sus impuestos esperando que el Estado se dedique a brindar servicios esenciales, no a pagar los juicios de sus representantes.

Puntos clave del escándalo

• La confesión: Lemoine admitió en televisión haber intentado asignar un contrato estatal a Hernán Seivane para pagar sus servicios legales personales.

• Las cifras: La intención era otorgar un contrato de entre "cinco y seis millones de pesos" mensuales.

• Implicancias legales: Especialistas advierten que esta maniobra constituye una posible malversación de fondos o administración fraudulenta.

• El contexto del ajuste: El intento de gasto se produce mientras el Ejecutivo elimina subsidios vitales para los sectores más vulnerables de la sociedad, argumentando una supuesta austeridad.