A través del buscador de compras de sus Unidades de Gestión Local (UGL), la obra social estatal —que atiende a más de 5,7 millones de jubilados y pensionados— dejó al alcance de cualquiera historias clínicas completas, resultados de estudios de laboratorio, certificados de discapacidad e imágenes médicas de alta resolución sin ningún tipo de anonimización o tacha.

La filtración viola de manera flagrante las leyes nacionales de Protección de Datos Personales y de Derechos del Paciente en este 2026.

La investigación de Chequeado desnudó una metodología negligente en los procesos de "compulsas abreviadas" (compras exprés de insumos y servicios).

Al revisar los archivos cargados de forma independiente por cada UGL durante los dos primeros meses de 2026, se detectaron al menos 40 casos testigos con filtraciones brutales, aunque el número final podría ser infinitamente mayor debido a que la plataforma aloja decenas de miles de documentos en PDF.

Los casos más alarmantes se localizaron en la UGL de Jujuy, donde la desidia estatal alcanzó niveles intolerables:

• El caso de la trombectomía: Una afiliada jujeña solicitó esta práctica médica y el PAMI subió al sistema informático su historia clínica completa, cuadro clínico detallado, informes médicos pormenorizados y hasta su domicilio particular.

• Estudios de laboratorio abiertos: En otro expediente de la misma provincia se expuso el análisis completo de sangre y orina de una paciente que solo tramitaba un catéter urinario.

• Misiones, Chivilcoy y el horror visual: Patrones idénticos de exposición de DNI, diagnósticos y tratamientos se hallaron en Misiones y en la localidad bonaerense de Chivilcoy. Los analistas detectaron incluso archivos adjuntos con fotografías en alta resolución de lesiones corporales graves e imágenes de colonoscopias.

Además de la violación a la intimidad, la publicación de copias del DNI con el número de trámite visible entrega en bandeja de plata la información necesaria para que estafadores realicen gestiones, fraudes financieros y suplantación de identidad a nombre de los jubilados.

¿Qué dice la ley y qué justificación dio el organismo?

Especialistas en derecho informático y civil consultados recordaron que esta filtración masiva choca de frente contra dos normativas blindadas del ordenamiento jurídico argentino:

1. Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales: Clasifica explícitamente a los datos de salud como "datos sensibles", exigiendo el secreto profesional y el consentimiento expreso y firmado del titular para su tratamiento o difusión.

2. Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente: Garantiza la confidencialidad de la documentación clínica. Toda persona que manipule estos papeles debe guardar debida reserva.

Alejandro Segarra, codirector de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), remarcó la gravedad del hecho ante Chequeado: "El Estado no debe difundir datos sensibles de los ciudadanos... la única forma de publicar esto es disociándose de la persona, tachando sus datos para mantener anónima la identidad".

Ante la consulta periodística, desde el área de Prensa de PAMI admitieron que el hecho “constituye una anomalía grave y absolutamente contraria a los protocolos y estándares de protección de datos vigentes”.

Como control de daños inmediato, las autoridades del Instituto dispusieron la baja de todas las contrataciones y accesos web vinculados a la información filtrada. Asimismo, prometieron la apertura de sumarios administrativos internos para determinar qué funcionarios cargaron los PDF sin tachar y aplicar las sanciones correspondientes. El daño, sin embargo, ya fue ejecutado en la red.

Las claves de la alarmante filtración de PAMI

• El hallazgo: Chequeado descubrió decenas de expedientes de compra de PAMI con datos médicos privados indexados abiertamente en buscadores de internet.

• La gravedad: Se expusieron historias clínicas, análisis de laboratorio, diagnósticos crónicos, certificados de discapacidad, fotos de lesiones y DNI con números de trámite.

• Las provincias afectadas: Las fallas críticas de seguridad y carga se localizaron principalmente en Jujuy, Misiones y Chivilcoy (Buenos Aires).

• La defensa: El PAMI reconoció la "anomalía grave", dio de baja los enlaces y abrió sumarios para deslindar responsabilidades.