El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Berisso se convirtió en el escenario de un escándalo institucional que redefine los límites del conflicto de intereses en la provincia de Buenos Aires.

En una sesión ordinaria marcada por la máxima tensión política, el bloque oficialista impuso por mayoría simple una polémica nómina de Mayores Contribuyentes: de los 40 ciudadanos propuestos para cogobernar las tasas locales, 18 son proveedores activos del propio municipio.

Quién fiscaliza a quién: La trampa detrás del Artículo 6

La Asamblea de Mayores Contribuyentes es una de las herramientas de control ciudadano más poderosas que establece el Decreto-Ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades).

Este cuerpo tiene la función clave de participar junto a los concejales en la aprobación definitiva del Presupuesto y las Ordenanzas Impositivas cuando el oficialismo no cuenta con los dos tercios por sí solo.

Sin embargo, la nómina aprobada para este período de 2026 dinamitó cualquier atisbo de imparcialidad.

La oposición, liderada por el concejal radical Patricio Yalet (UCR), denunció que la lista enviada por el Departamento Ejecutivo viola de forma flagrante el Artículo 94, inciso d) de la ley, el cual excluye expresamente de integrar la asamblea a quienes posean las inhabilidades e incompatibilidades de los artículos 6 y 7.

"Un proveedor no puede aprobar mayores contribuyentes porque al otro día le tenés que pagar… hay un conflicto de intereses", disparó Yalet desde su banca, alertando que casi la mitad de los inscriptos —entre los 20 titulares y 20 suplentes— mantienen relaciones contractuales activas como contratistas de la comuna.

Pese al pedido desesperado de los bloques opositores para pasar el pliego a comisión y analizar los domicilios y contratos de cada postulante, el oficialismo cerró filas y apuró el tratamiento sobre tablas.

La defensa oficialista y el "aliado clave" que inclinó la balanza

El bloque de Unión por la Patria defendió la polémica nómina basándose en dos andariveles. Por un lado, el concejal Juan Ignacio Mincarelli apeló a una justificación procesal: acusó a la oposición de no haber presentado sus propios candidatos en tiempo y forma durante el período de inscripción reglamentario.

Al quedar la lista incompleta, el intendente hizo uso de la facultad de confeccionarla "de oficio", tal como lo estipula la letra chica del Artículo 94.

Por el otro, la presidente del cuerpo, Aldana Iovanovich, ensayó una defensa jurídica citando dos fallos judiciales previos donde los tribunales rechazaron impugnaciones similares respecto a las incompatibilidades del Artículo 6, amparándose en el principio de división de poderes.

Sin embargo, el verdadero protagonista de la jornada fue el concejal Daniel Del Curto, de la bancada Unión, Fe y Renovación.

Al igual que ocurrió en la segunda sesión ordinaria cuando su voto fue el engranaje necesario para convalidar la Rendición de Cuentas municipal, Del Curto volvió a saltar la grieta y acompañó con su voto positivo al oficialismo.

De esta manera, se selló el ajustado 11 a 9 definitivo que dejó crujiendo la institucionalidad berissense.

Las claves del escándalo institucional en Berisso

• El conflicto: Los ciudadanos encargados de convalidar la presión fiscal sobre los vecinos de Berisso son, a su vez, dependientes de los pagos directos del tesoro municipal.

• Casi la mitad de la lista: De los 40 nombres seleccionados por el Departamento Ejecutivo, 18 resultaron ser proveedores o contratistas con facturación activa.

• La jugada del Intendente: Ante la falta de propuestas opositoras en el plazo reglamentario, el Ejecutivo armó la lista a medida amparándose en el Artículo 94.

• El voto decisivo: Daniel Del Curto (Unión, Fe y Renovación) volvió a actuar como el aliado estratégico de Unión por la Patria para destrabar las votaciones más sensibles del año.