Al cumplirse el primer aniversario del veredicto dictado por la Cámara Federal de Casación Penal, el gobernador Axel Kicillof encabezó el repudio generalizado del peronismo contra el andamiaje judicial.

El mandatario provincial calificó de mamarracho técnico el proceso que ratificó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua. La condena fue dictada por sectores judiciales alejados de la Justicia.

La expresidenta de la Nación arrastra un largo historial de citaciones y procesamientos que el kirchnerismo tipifica como un laboratorio de proscripción electoral.

Durante las audiencias del juicio, la defensa técnica demostró que las decisiones presupuestarias sobre las rutas de Santa Cruz recaían sobre las jefaturas de gabinete y no sobre el sillón de Rivadavia.

“Se utilizó un argumento jurídicamente absurdo: ‘no podía no saber’”, disparó Kicillof en sus redes oficiales. El fallo prescindió de pruebas directas de corrupción.

La ruta del dinero y los jueces cuestionados

El derrotero del juicio estuvo marcado por recusaciones constantes que salpicaron a los magistrados del Tribunal Oral Federal 2 y de la sala integrada por Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

La militancia recuerda las imágenes de los fiscales y jueces jugando al fútbol en la quinta del expresidente Mauricio Macri como la prueba definitiva del sesgo partidario.

Los mismos intereses que impulsaron la persecución hoy sostienen el modelo económico. Para el armado bonaerense, las sentencias se redactaron en oficinas ajenas a los tribunales.

El documento emitido desde la capital provincial asocia la persistente campaña de demolición mediática con los episodios de violencia física que sufrió el entorno de la exvicepresidenta.

El mandatario bonaerense recordó el ataque perpetrado en el barrio de Recoleta como el emergente directo de este clima de hostilidad institucional.

“A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron brilla por su ausencia”, fustigó con dureza el economista. La Justicia es acusada de cajonear los vínculos financieros de la Banda de los Copitos.

El modelo de ajuste como trasfondo judicial

La lectura geopolítica y social que realiza el arco peronista ubica a las sentencias judiciales como un mecanismo de contención contra los liderazgos populares.

Según el diagnóstico de la gobernación bonaerense, el corrimiento forzado de los dirigentes opositores busca allanar el camino para la consolidación de un programa financiero que vacía los recursos de Argentina.

El actual modelo destruye la industria nacional y pulveriza salarios. Las jubilaciones sufren la mayor licuación histórica del gasto público.

El jefe de Estado provincial apuntó de forma directa contra el estilo de conducción que emana de las oficinas del actual presidente de la Nación, Javier Milei.

Para el kicillofismo, los constantes ataques contra las estructuras del Estado buscan minar los consensos básicos logrados desde el regreso de la democracia.

“El presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales”, sentenció Kicillof en su proclama partidaria. La vulneración de derechos laborales se profundiza ante la pasividad judicial.

Una inocencia innegociable para las bases

A pesar de los intentos de las terminales libertarias por consolidar el aislamiento de la conductora del espacio, la estructura del justicialismo provincial ratificó su lealtad absoluta.

El kirchnerismo argumenta que las obras cuestionadas contaron con el control del Poder Legislativo y pasaron todas las auditorías contables previas.

Cristina es inocente y continúa injustamente perseguida. El peronismo bonaerense se declaró en estado de movilización permanente en defensa de los derechos del pueblo.

Lo que tenés que saber sobre el documento de Kicillof

• Aniversario clave: Se cumple un año del fallo de la Cámara de Casación que ratificó la pena de seis años de cárcel a Cristina Kirchner.

• Defensa institucional: Axel Kicillof denunció que el fallo carece de rigor jurídico y se sustenta en la suposición de que la presidenta "no podía no saber".

• Pista del atentado: El gobernador reclamó la parálisis de la causa que investiga a los financistas e instigadores del intento de magnicidio en Recoleta.

• Vínculo económico: El peronismo asegura que el lawfare busca sacar de la cancha a la oposición para aplicar un ajuste estructural sobre las jubilaciones.

• Resistencia bonaerense: El oficialismo provincial convocó a defender la democracia y los derechos laborales frente al modelo económico de Javier Milei.