El senador Miguel Pichetto pateó el tablero cívico abriendo un debate inesperado dentro del Congreso de la Nación. Este experimentado legislador planteó que ese cuerpo debe intervenir frente a lo que considera un histórico atropello jurídico.

Según su óptica, ambas cámaras legislativas poseen facultades inherentes para desactivar el veredicto contra la exmandataria.

La bomba detonó al cumplirse exactamente 1 año del dictamen que mantiene a Cristina Kirchner bajo prisión domiciliaria. Ella cumple dicha restricción en un departamento del barrio porteño de Constitución, sobre la calle San José.

Aquel dirigente rionegrino resultó ser uno de los recientes visitantes ilustres que cruzó esa puerta buscando sellar un acercamiento clave.

Vicios judiciales y reglas totalmente alteradas

Durante una exposición ante la comisión de Derechos Humanos, presidida por Horacio Pietragalla, el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri destrozó el accionar de los magistrados.

Apuntó directamente a la parcialidad manifiesta que contaminó la Causa Vialidad desde su inicio. "La Justicia alteró las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar", disparó sin filtro.

Esa carencia de neutralidad corrompe todo el sistema republicano. Para el histórico operador parlamentario, resulta inadmisible que un estrado incompleto defina el destino de una líder popular.

"Tampoco hubo imparcialidad: los jueces de la Corte Suprema debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada", detalló con firmeza. Este nivel de enemistad pública dejó a nuestra democracia sumergida en una extrema fragilidad institucional.

El equilibrio de los poderes republicanos

Lejos de quedarse en meros lamentos, el peronista marcó una hoja de ruta para desarmar dicha embestida cortesana. Aseguró que los representantes del pueblo no pueden simplemente mirar hacia otro lado cuando se vulneran garantías básicas.

"Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados", advirtió. "Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes". Esta postura desafía el orden establecido generando un fuerte sismo cívico.

El argumento central radica en que cualquier titular del poder ejecutivo exige un trato diferencial ajustado a derecho. "La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común", fundamentó el abogado.

"Un Presidente debería haber sido, si es que había motivo o elementos, investigado por la Corte, acusado por el procurador general y defendido por su abogado o un defensor oficial". Resulta ilógico utilizar los estrados ordinarios eludiendo los mecanismos institucionales previstos.

Finalmente, repasó las misiones básicas que justifican esta audaz intervención parlamentaria. "El Congreso tiene atribuciones fundamentales que es tomar juramento al Presidente, validar el resultado electoral", recordó.

"Y también hay facultades inherentes del Congreso que puede entrarle, también, por el principio de gravedad institucional a un fallo de la Corte y declarar la nulidad". La jugada busca restablecer una balanza cívica que hoy parece inclinada peligrosamente hacia un solo lado.

Esta movida no representa un simple tecnicismo legal, sino un mensaje contundente hacia las bases militantes. Mientras la economía asfixia al laburante, la persistencia de fantasmas proscriptivos tensa aún más la cuerda social en la Argentina.

Si el parlamento avanza y voltea esta sentencia, se establecerá un precedente gigantesco que cambiará para siempre las reglas del juego nacional.  

Lo que tenés que saber sobre este bombazo

• El pedido formal: Un referente opositor propuso anular por vía parlamentaria la pena impuesta a la líder justicialista.
   
• Las irregularidades: Denuncian que armaron un tribunal a dedo, usando fiscales ajenos a la jurisdicción pertinente.
   
• Gravedad extrema: Advierten que avalar semejante nivel de parcialidad pone en riesgo todo el sistema democrático.
   
• Las facultades: El recinto posee herramientas para corregir estas anomalías restableciendo la pura división de poderes.