El desprecio por lo nuestro no es una novedad, pero el uso del inglés en comunicados oficiales es una cachetada directa a los ciudadanos que no tienen por qué traducir las medidas de su propio gobierno.
El Estado argentino debe hablarle primero a su Pueblo, pero parece que la prioridad es quedar bien con los amos del capital extranjero.
Detrás de este anuncio marketinero, se esconde una gravedad institucional innegable. El Ejecutivo pretende dar marco jurídico a empresas manejadas por Inteligencia Artificial, evitando cuidadosamente explicar quién responderá ante la ley cuando estas estructuras automáticas empiecen a hacer desastres.
El peligro no es la tecnología, sino el vacío de responsabilidad que promueve esta gestión. Cuando estas herramientas automatizadas ejecuten despidos masivos, la evasión fiscal sistemática o el fraude a pequeña escala, no habrá nadie con nombre y apellido para rendir cuentas en nuestros tribunales.
Esta movida es el eslabón final de una cadena que viene desmantelando la producción nacional. El objetivo es claro: crear un entorno donde la desregulación absoluta permita el saqueo, mientras la destrucción del trabajo argentino se maquilla con términos tecnológicos que pocos se animan a cuestionar.
Lo que nos están vendiendo como el futuro de la economía es, lisa y llanamente, una vía rápida hacia la deshumanización del empleo. Mientras los funcionarios celebran sus cartitas en idioma extranjero, la realidad es que están armando un paraíso fiscal 3.0 a cielo abierto donde las leyes nacionales quedan como un decorado inútil.
Idioma de élite: Difundir comunicados en inglés no es modernidad, es darle la espalda a los argentinos que financian el Estado.
El vacío legal: Al legalizar empresas manejadas por IA sin responsables humanos, facilitan el fraude y la evasión a niveles masivos.
Desprotección absoluta: No hay política pública para contener los despidos y el impacto social que causará la automatización descontrolada.
El paraíso 3.0: Se busca crear una zona liberada donde el capital extranjero pueda actuar sin respetar los derechos laborales ni la normativa impositiva local.