Los registros estadísticos consolidados del Ministerio de Salud de la Nación pusieron sobre la mesa una realidad alarmante: durante el período correspondiente al ejercicio 2024, se registró un incremento de 21.276 fallecimientos en la franja de adultos mayores en comparación con el año anterior.
Lejos de responder a factores climáticos excepcionales o a la emergencia de nuevas patologías epidemiológicas, especialistas del sector sanitario y organizaciones de la tercera edad vinculan de manera directa este sensible aumento de la mortalidad con las severas restricciones aplicadas sobre el vademécum de medicamentos gratuitos del PAMI y la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones frente a la inflación.
El quiebre en las coberturas de la obra social de los jubilados y pensionados modificó drásticamente el acceso a los tratamientos de millones de beneficiarios.
La decisión de la intervención oficial de auditar el vademécum y recortar la gratuidad total de decenas de principios activos y medicamentos de uso corriente obligó a una población con ingresos mínimos a absorber costos de bolsillo imposibles de afrontar.
Los sectores más postergados del sistema previsional se vieron empujados a discontinuar o fraccionar terapias esenciales contra la hipertensión, la diabetes o las afecciones cardíacas severas.
El resultado empírico de esta barrera económica se traduce de forma nítida en los balances demográficos de la cartera sanitaria nacional. La interrupción de los tratamientos de mantenimiento preventivo acelera las descompensaciones agudas, derivando en un incremento de eventos cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares que colapsan las guardias hospitalarias.
Mientras el discurso oficial pondera la eficiencia del equilibrio fiscal y la eliminación de supuestos bolsones de ineficiencia en el PAMI, el eslabón más desprotegido de la pirámide social experimentó un deterioro acelerado en sus condiciones de supervivencia básica.
La confirmación estadística de un incremento en el fallecimiento de adultos mayores es el testimonio más descarnado del sesgo tecnocrático que impera en la conducción económica de la Argentina. Sostener la bandera del superávit fiscal a costa de desfinanciar la cobertura farmacológica de la tercera edad no constituye un logro de gestión; representa una claudicación moral e institucional. El PAMI no fue creado para exhibir balances financieros superavitarios en Wall Street, sino para garantizar el derecho a una vejez digna y protegida. Condenar a un jubilado a elegir entre la subsistencia alimentaria básica o la dosis diaria de su medicación cardíaca es una muestra de insensibilidad palaciega. Lo verdaderamente preocupante es la estrategia de negación oficial: recurrir a la chicana digital y a la distracción mediática para ocultar las planillas de mortalidad del propio Ministerio de Salud demuestra que en Balcarce 50 las vidas de quienes sostuvieron al país con su trabajo pasaron a ser variables secundarias de un Excel deshumanizado.
Al desagregar el mapa demográfico del país, las jurisdicciones del interior profundo exhiben indicadores que causan consternación en la comunidad científica y médica. En la provincia de Córdoba, la tasa de sobremortalidad en la población mayor de 70 años experimentó un salto exponencial, quebrando la tendencia histórica al superar el 13% de variación interanual.
Para mensurar la magnitud de la catástrofe sociosanitaria, cabe recordar que durante el bienio 2020-2021, bajo el impacto directo de la pandemia global de COVID-19 y con el sistema hospitalario al borde de la saturación, ese mismo indicador crítico se había ubicado en el 10,6%.
Este fenómeno pone de manifiesto que las políticas de asfixia presupuestaria sobre los programas de salud pública y la seguridad social pueden llegar a poseer un poder de letalidad sistémica superior al de una emergencia virológica internacional.
Al cancelarse los canales de contención estatal y congelarse los haberes mínimos en un contexto inflacionario persistente, la desprotección biológica de los adultos mayores se profundiza, transformando una tragedia humanitaria de dimensiones macroeconómicas en un dato invisibilizado por una dirigencia que prefiere clausurar las auditorías y mirar hacia otro lado.
Curva ascendente: Más de 21 mil adultos mayores fallecieron por encima de la media histórica en el primer año pleno de ajuste fiscal.
Vademécum bajo la lupa: El recorte de medicamentos gratuitos del PAMI dejó sin cobertura total a tratamientos vitales.
La paradoja cordobesa: La letalidad por desatención económica superó a los peores registros del confinamiento por la pandemia.
Indigencia previsional: Los haberes jubilatorios mínimos quedaron desfasados frente a la canasta básica de medicamentos.
Silencio estadístico: El Gobierno evita incorporar el incremento de la mortalidad general en sus informes de gestión.