Una orden reservada dictada a fines del mes pasado encendió las alarmas y el malestar en las bases de la Gendarmería Nacional. El pasado 29 de mayo, la cúpula de la fuerza notificó a toda la cadena de mando la vigencia de la disposición DNP 230/26, un documento interno que recuerda y endurece la aplicación del artículo 19 inciso E de su estatuto histórico.

La medida, interpretada hacia adentro como un "cepo absoluto" a las libertades individuales, prohíbe de manera tajante al personal en actividad desempeñar tareas, empleos o funciones académicas ajenas a la institución sin una autorización jerárquica previa, profundizando las denuncias por hostigamiento y disciplinamiento en los cuarteles.

La notificación de la circular administrativa alteró los canales habituales de la fuerza federal al bajar de manera vertical desde la Jefatura y Subjefatura Nacional hacia todas las direcciones y secciones del país.

El texto oficial ratifica la plena vigencia de las incompatibilidades del estado militar y prohíbe expresamente aceptar cualquier cargo, empleo o función externa, ya sea de carácter remunerado o ad honorem, sin la correspondiente firma y aval de la autoridad competente.

En los pasillos del Edificio Centinela, los cuadros de mandos medios y subalternos interpretaron la maniobra como una emboscada burocrática destinada a limitar la autonomía y el desarrollo profesional del personal fuera del alambrado oficial. Quienes asocian esta orden con un apriete institucional sostienen que el objetivo solapado es cortar de cuajo la participación de los gendarmes en ámbitos académicos, universitarios o asesorías técnicas privadas.

La autoría intelectual de este ajuste disciplinario es atribuida por fuentes internas a Alejandra Monteoliva, mano derecha en la gestión de las fuerzas, a quien acusan de embarrar la cancha para contener el descontento salarial y el desgaste operativo de una tropa que acumula meses de tensión.

El reverso de la doctrina de seguridad

La filtración de la circular DNP 230/26 en Gendarmería Nacional deja al descubierto las profundas contradicciones de un relato oficial que, de cara a la tribuna mediática, exalta la figura del uniformado pero puertas adentro le impone condiciones de asfixia y sospecha constante.

Apelar a reglamentos anacrónicos para cercenar la libertad de un gendarme de dar clases, capacitarse o complementar sus ingresos en la esfera civil denota una conducción paranoica y obsesionada con el control social del cuerpo.

Atribuida al entorno de Alejandra Monteoliva, esta medida no busca la excelencia profesional, sino el disciplinamiento vertical ante la bronca latente en las bases por el retraso de los haberes. El gendarme, sometido a jornadas extenuantes en el territorio, queda ahora acorralado en un cepo laboral que lo aísla y lo fuerza a depender exclusivamente de la discrecionalidad del atril central.

Quieren una fuerza que no piense, que no interactúe con la sociedad civil y que acepte de forma sumisa la degradación de su calidad de vida.

Paranoia y denuncias de hostigamiento en las bases

La necesidad imperiosa del Ejecutivo y de la cúpula de Gendarmería de sacar a pasear el látigo reglamentario coincide con un clima de malestar generalizado en los destacamentos móviles y las fronteras.

El correo electrónico masivo enviado el 29 de mayo fue leído como una declaración de desconfianza por parte de las autoridades hacia sus subordinados, reforzando las quejas por maltrato y persecución ideológica interna. Para muchos agentes, la docencia o la práctica profesional independiente significaba la única vía de escape frente al estancamiento económico actual.

Lejos de una aburrida rutina burocrática, el documento blanquea el temor oficial a que el personal mantenga vínculos autónomos con el entramado social e institucional externo. Al endurecer las sanciones ante la falta de aviso o autorización, la jefatura no hace más que alimentar la política de restricción brutal que excede los casos particulares para homogeneizar el miedo en toda la estructura.

Las bases denuncian que se busca consolidar un modelo de agentes mudos, obedientes y dependientes de los adicionales asignados a dedo por la cúpula.

Los puntos críticos del conflicto en las fuerzas

• El cepo regulatorio: La orden DNP 230/26 prohíbe de forma general el empleo y las actividades extra-fuerza.

• El factor Monteoliva: La funcionaria queda expuesta como el cerebro de una política de control estricto sobre el personal operativo.

• Impacto educativo: Oficiales y suboficiales ven amenazada su continuidad en cátedras, diplomaturas y capacitaciones civiles.

• Masticando bronca: Crecen las denuncias por hostigamiento vertical en los destacamentos del interior del país.

• Contradicción discursiva: El apoyo declamatorio a los uniformados colisiona con el ajuste de sus libertades laborales individuales.