La paz social y la sintonía política que la administración de Axel Kicillof intentaba exhibir desde los despachos de La Plata acaba de ingresar en zona de liquidación. El romance militante de la dirigencia sindical con la gobernación bonaerense terminó estrellándose contra la realidad de la heladera vacía de las bases.
En un giro discursivo y metodológico drástico, el sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió salir a marcarle la cancha de forma frontal al mandatario provincial. Agotados de las promesas de escritorio y de un poder adquisitivo que se pulveriza de forma sistemática mes a mes, los estatales enviaron una carta incendiaria al Ministerio de Trabajo exigiendo la reapertura "urgente" de las negociaciones paritarias. La paciencia de las bases llegó a su límite.
Los datos duros que fundamentan el reclamo de los estatales desnudan un proceso de empobrecimiento y precarización laboral dentro de la estructura pública de la provincia más poblada del país.
Según blanqueó sin tapujos el secretario General de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, en los últimos dos años y medio el salario real de los trabajadores provinciales experimentó un desplome de un estrepitoso 27%.
El detonante del conflicto definitivo ocurrió este último viernes, cuando el Poder Ejecutivo provincial cerró los procesos de liquidación mensual sin incluir ningún tipo de recomposición salarial ni bono de contingencia, incumpliendo la promesa política de convocar a una nueva mesa de diálogo. El gremio avisó que solo aceptará aumentos de dos dígitos.
A pesar de que las cúpulas partidarias intentan amortiguar el impacto del pase de facturas apuntando sus críticas hacia la gestión nacional de Javier Milei —denunciando la asfixia financiera y el recorte de los fondos de coparticipación—, el malestar y el reclamo de las bases tiene como destinatario directo al palacio de calle 6.
El panorama trazado por la conducción de ATE describe una situación social alarmante, graficando que una porción mayoritaria de los empleados estatales "no logran llegar al día 10 de cada mes".
Las planillas salariales de la administración pública provincial reflejan realidades que rozan la línea de la indigencia extrema. Actualmente, un auxiliar de la educación percibe haberes iniciales que promedian apenas los $650.000, mientras que el propio Estado provincial sostiene a miles de trabajadores precarizados a través de becas de capacitación laboral por las que abonan sumas de $550.000.
Esta situación representa una flagrante contradicción para un proyecto político que basa su narrativa pública en la defensa irrestricta de la justicia social y el empleo público de calidad.
La disputa económica por los salarios de bolsillo no constituye el único foco de incendio estructural que amenaza la gestión ministerial de Kicillof. El pliego de condiciones presentado por ATE puso sobre la mesa la parálisis total de los compromisos de estabilidad laboral asumidos por la gobernación.
El gremio denuncia que existen miles de pases a planta permanente que se encuentran completamente congelados en las áreas más sensibles del Estado provincial. Entre los casos más graves destacan 300 monotributistas eternizados en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y más de 8.000 operarios que garantizan el funcionamiento diario de los organismos de Niñez y Justicia bajo el régimen de becas paupérrimas.
Asimismo, los representantes sindicales exigen el cumplimiento de la derogación de las resoluciones de la gestión anterior que limitan los derechos laborales de los auxiliares escolares.
Con los principales sectores operativos en estado de alerta, el gobernador bonaerense enfrenta el desafío de desactivar un conflicto que amenaza con trasladar el malestar de las oficinas a las calles de la capital provincial mediante bombos y piquetes.
Caída real: ATE bonaerense denunció una pérdida del 27% del poder adquisitivo de los salarios estatales en los últimos 30 meses.
Plazos vencidos: El gremio estalló tras cerrarse la liquidación del último mes sin el llamado comprometido a las mesas técnicas salariales.
Piso exigido: La conducción sindical advirtió que no convalidará acuerdos a la baja y exige una recomposición de dos dígitos.
Planta congelada: Exigen el pase inmediato a la estabilidad laboral de 300 contratados en IOMA y 8.000 becarios de Niñez y Justicia.
Conflicto en puerta: Claudio Arévalo advirtió que si el Ministerio de Trabajo no convoca de urgencia, se terminará la paz social en las calles de La Plata.