El dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Ciudad de Buenos Aires no dejó margen para las sutilezas presupuestarias. Para quedarse con el control operativo de la codiciada señal de televisión pública, Cale Group desplegó un poder de fuego económico imposible de equiparar por el resto de los oferentes: la firma de Augusto Marini puso sobre la mesa un canon de 50 millones de pesos mensuales.
Semejante cifra destrozó la propuesta de su competidora directa, Argentinos Media, que apenas había alcanzado una oferta de 15 millones de pesos.
Con esta abismal diferencia en los números, el proceso licitatorio fue encauzado por el Ejecutivo porteño bajo la modalidad de un trámite exprés que resolvió la adjudicación en favor de la productora aliada.
La calle, sin embargo, lee una historia diametralmente opuesta al beneficio contable: la privatización encubierta de la pantalla de la Ciudad busca aceitar el vínculo de Jorge Macri con el núcleo duro de los estrategas de las redes sociales del Gobierno nacional, cediendo un canal público clave que pasará a operar bajo la misma lógica ideológica que hoy rige el ecosistema de contenidos digitales oficialistas.
La decisión de Jorge Macri de entregar el gerenciamiento del Canal de la Ciudad a Cale Group es un acto de capitulación política disfrazado de austeridad administrativa. Al ceder la señal pública porteña al holding de Augusto Marini y su socio el "Gordo Dan" Parisini, el macrismo no está ahorrando recursos, sino financiando con infraestructura estatal el dispositivo de propaganda y linchamiento digital del oficialismo.
Que una oferta de 50 millones de pesos liquide las regulaciones del ENaCom sobre la indelegabilidad de las licencias demuestra el desprecio por la institucionalidad cuando se trata de alimentar a los nuevos amigos del poder.
Mientras los servicios públicos de la Ciudad se deterioran, el canal de todos los porteños pasa a transformarse en una sucursal de streaming de Carajo o Blender.
La motosierra en la Capital tiene un filo selectivo: corta el derecho a la información pública pero se dobla ante los intereses de los magnates virtuales que sostienen el relato en las redes.
A pesar de que el oficialismo de la Ciudad intenta apurar los plazos para la transferencia definitiva de los estudios y el control de la grilla de programación, la entrega del patrimonio audiovisual metropolitano chocó de frente contra los entes reguladores.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) saltó con los tapones de punta emitiendo un duro dictamen técnico en el que advierte que la maniobra coordinada por Jorge Macri incurre en una gravísima falta legal que pone en jaque la continuidad de la señal en el aire.
De acuerdo con las normativas vigentes en materia de radiodifusión, la licencia otorgada al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reviste un carácter estatal de indelegabilidad absoluta.
Los inspectores y asesores jurídicos del organismo de control denunciaron que delegar el gerenciamiento total y la línea editorial a una corporación privada —como es el caso de Cale Group— viola el espíritu del pliego original, lo que faculta al Estado nacional a declarar la caducidad inmediata del derecho de frecuencia de un plumazo, sumiendo a la Ciudad en un intrincado conflicto judicial de imprevisibles consecuencias.
La penetración corporativa de Augusto Marini, el hombre de negocios oriundo de General Las Heras que ahora se queda con la televisión porteña, posee ramificaciones políticas profundas que se extienden al interior del país.
Lejos de limitarse a los estudios de streaming modernos de la Capital Federal, los informes comerciales detallan que el titular de Cale Group cuenta con tentáculos aceitados en los negocios de la provincia de Misiones, donde mantiene lazos carnales con el entorno íntimo del conductor del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira.
En la provincia litoraleña, Marini ha logrado capturar millonarias contrataciones dentro del sistema de salud provincial, un rubro altamente sensible y cuestionado por la falta de transparencia en sus licitaciones. El desembarco en el Canal de la Ciudad, por ende, es visto por los analistas como un salto de escala nacional para un empresario habituado a morder cajas estatales mediante acuerdos transversales con las cúpulas partidarias. El proceso de privatización se encuentra actualmente frenado de forma transitoria por un breve período de impugnaciones legales de la oposición, pero todo indica que la ingeniería política está lista para cerrarse a la medida del algoritmo libertario.
El botín audiovisual: Cale Group se alza con la gestión del Canal de la Ciudad tras el dictamen de la Comisión evaluadora.
El nexo del "Gordo Dan": El canal público pasa a ser controlado indirectamente por el principal operador digital de la Casa Rosada.
Guerra de ofertas: El canon de 50 millones de pesos mensuales pulverizó las intenciones de Argentinos Media.
Falta legal severa: El ENaCom advierte que el convenio viola la prohibición de transferir frecuencias estatales a manos privadas.
La terminal misionera: Los vínculos de Marini con Carlos Rovira exponen la matriz transversal de los negocios del holding.