Hay funcionarios que administran. Federico Sturzenegger eligió otra misión: demoler. Desde antes de asumir formalmente como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ya era considerado el arquitecto intelectual de buena parte del programa de Javier Milei. Con la aprobación de la Ley Bases y su desembarco en el gabinete, esa influencia se transformó en poder. Desde entonces, casi no hubo semana sin una medida que despertara una fuerte reacción pública.

El primer gran punto de inflexión llegó entre diciembre de 2023 y junio de 2024 con la elaboración del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y de la Ley Bases. Aunque todavía no era ministro, Sturzenegger fue uno de sus principales diseñadores. La desregulación de alquileres, la flexibilización económica, las privatizaciones y la reforma del Estado provocaron una inmediata judicialización, protestas callejeras y una discusión que atravesó toda la sociedad.

El 5 de julio de 2024 asumió oficialmente el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Comenzó entonces la etapa de la "motosierra administrativa": eliminación de regulaciones, derogación de normas, simplificación de trámites y reducción de estructuras estatales.

En los meses siguientes avanzó sobre organismos públicos. Se impulsaron cierres, fusiones o transformaciones de dependencias nacionales, incluyendo áreas vinculadas al transporte, la obra pública, la cultura, la salud, el agro y empresas estatales. En varios casos, sindicatos y trabajadores denunciaron miles de despidos, mientras que distintos sectores recurrieron a la Justicia para intentar frenar algunas decisiones.

La eliminación y reorganización de organismos como la AFIP —reemplazada por una nueva agencia de recaudación—, junto con reformas en Vialidad Nacional, institutos descentralizados y empresas públicas, generaron algunos de los conflictos gremiales más importantes de la gestión.

Varias medidas fueron objeto de cautelares judiciales y debates parlamentarios.

Otro foco permanente de controversia fueron las desregulaciones económicas. La apertura de importaciones, los cambios en los registros automotores, la flexibilización de normas para medicamentos, alimentos, certificaciones técnicas y distintos mercados fueron celebrados por sectores empresarios, mientras cámaras industriales, profesionales y sindicatos cuestionaron que algunas reformas avanzaran con escasa discusión pública.

Durante 2025 profundizó el programa de reducción del Estado. El propio ministro bautizó esa etapa como "Motosierra 2.0", prometiendo avanzar sobre nuevas áreas de gasto público y estructuras administrativas. La definición sintetizó su filosofía política: un Estado cada vez más pequeño, aun al costo de sostener conflictos permanentes.

Ese mismo año también aparecieron cuestionamientos alrededor de algunas desregulaciones sanitarias impulsadas por el Gobierno. Diversos dirigentes políticos, especialistas y medios debatieron si la flexibilización de determinados controles había debilitado la capacidad regulatoria del Estado, aunque la atribución de responsabilidades específicas en episodios posteriores continúa siendo materia de investigación y controversia pública.

En 2026 la agenda no se detuvo. La denominada "Ley Hojarasca", destinada a eliminar decenas de normas consideradas obsoletas, volvió a dividir opiniones. Poco después llegó otra iniciativa que sorprendió incluso a sectores empresarios: la reforma de la Ley General de Sociedades, con la incorporación de figuras societarias administradas mediante inteligencia artificial y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO). La propuesta abrió un intenso debate sobre responsabilidad jurídica, control societario y protección de acreedores.

En paralelo continuaron los anuncios de nuevas eliminaciones de áreas estatales y reformas regulatorias, manteniendo vivo el estilo que caracteriza a Sturzenegger: provocar para acelerar.

Su recorrido dentro del gobierno de Milei deja una constante. Para sus defensores representa al funcionario que se animó a desmontar décadas de burocracia. Para sus detractores, simboliza una concepción donde el Estado es un obstáculo antes que una herramienta. Esa tensión explica por qué casi cada decisión terminó convirtiéndose en un conflicto político.

Sturzenegger no administra consensos. Administra rupturas. Su capital político nunca fue la prudencia, sino la confrontación. 

Si su intención fue restaurar confianza económica con mano dura, el efecto alimentó desconfianza social y fragmentación política. Su gestión plantea una pregunta filosófica: ¿hasta qué punto la modernización se justifica por el daño infligido en el presente? Y una pregunta psicológica: ¿quién administra el desasosiego que generan los experimentos de shock? En ausencia de respuestas integradoras, cumplió con la doctrina, pero está pagando un costo en legitimidad que la democracia difícilmente absorba sin heridas.