El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, pateó el tablero de la rosca política y solicitó la detención inmediata del exjefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, y de su exesposa, la conductora Jésica Cirio. La solicitud de arresto se fundó en el inminente peligro de fuga y en el riesgo de entorpecimiento de la investigación mediante el ocultamiento de pruebas clave.

La situación procesal de ambos dio un vuelco drástico tras la filtración de una serie de videos grabados en una propiedad de San Vicente, donde se visualizan bolsos y cajones atestados de millones de dólares en efectivo; un botín que la Justicia sospecha proviene directamente de la recaudación ilegal y el desvío de fondos públicos de la provincia de Buenos Aires.

Los videos del vestidor que dinamitaron la estrategia de la defensa

El detonante que obligó a la fiscalía a modificar su postura pasiva y exigir las capturas fue la aparición pública de filmaciones caseras registradas dentro de la casona familiar ubicada en el exclusivo barrio cerrado Fincas de San Vicente. En las imágenes, capturadas presuntamente en la intimidad del inmenso vestidor de la propiedad, quedó expuesta una escenografía obscena: montañas de fajos de moneda extranjera prolijamente acomodados en valijas, bolsos de viaje y cajoneras.

Para el fiscal Mola, estas grabaciones constituyen una prueba irrefutable de la magnitud patrimonial no declarada de la pareja, pulverizando cualquier intento de justificación de ingresos basado en la actividad privada de la modelo o en los sueldos estatales percibidos por el exintendente lomense.

Ante semejante evidencia, la respuesta de los abogados defensores no se hizo esperar y ensayaron una batería de chicanas procesales destinadas a solicitar la nulidad de las imágenes alegando la violación a la intimidad y la dudosa procedencia del material fílmico.

Sin embargo, para los investigadores judiciales de los tribunales de Lomas de Zamora, el valor indiciario del botín expuesto en zona sur posee el peso suficiente para fundamentar que ambos acusados disponen de los recursos financieros y logísticos necesarios para evadir la acción de la ley o amedrentar a testigos clave, forzando la necesidad de aplicar la prisión preventiva de manera urgente.