Hoy, 30 de junio, la provincia de Buenos Aires amaneció sin clases. Lo inédito no es el paro: es quién lo declaró. Por primera vez en siete años de gestión kicillofista, SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET —gremios históricamente aliados al gobernador— le pararon la provincia en seco. El romance se terminó. La razón es tan vieja como elocuente: la última reunión por paritarias fue el 12 de junio, el Ejecutivo no presentó propuesta salarial, liquidó los sueldos de este mes sin un peso de aumento y dejó a los docentes esperando una convocatoria que nunca llegó. El gobierno que se jacta de defender la escuela pública ni siquiera se sienta a negociar con quienes la sostienen. 

El otro cadáver insepulto de la gestión es IOMA. Más de dos millones de afiliados —entre ellos los mismos docentes que hoy paran— conviven con cortes de atención, suspensiones de cirugías, falta de medicación oncológica y cartillas vaciadas en distritos enteros del interior. Médicos de La Plata, Tandil, Mar del Plata, Bragado, Rojas y Colón resignaron la atención por deudas impagas y aranceles congelados. La obra social que debería ser la garantía sanitaria de la provincia se convirtió en sinónimo de abandono, al punto de que la propia oposición tuvo que pedir una comisión bicameral para fiscalizar un organismo que el oficialismo no logra, o no quiere, ordenar.

A ese cuadro se suma la superpoblación crónica de los hospitales públicos, en una provincia donde un senador del propio bloque peronista llegó a pedirle al gobernador que “camine el conurbano” y vea hospitales sin insumos ni vacunas y ollas populares multiplicándose distrito por distrito. El diagnóstico no lo hace la oposición: lo hacen sus propios aliados.

Detrás de todo esto, una provincia financieramente asfixiada, atrapada entre el recorte de fondos nacionales y un endeudamiento que arrastra de gestiones anteriores, sin margen para resolver lo urgente. Y mientras los docentes paran y los médicos cortan turnos, el gobernador invierte su capital político en otra batalla: la interna del peronismo. Kicillof se transformó en protagonista excluyente de la guerra con Cristina Kirchner y La Cámpora por la conducción del espacio, una pelea que sus propios pares describen como “canibalismo” y que lo dejó, paradoja mayor, como minoría en su propio bloque legislativo. La pregunta que nadie en la Casa de Gobierno bonaerense quiere responder es simple: ¿gobierna la provincia o gobierna su candidatura?

A la crisis educativa, sanitaria y fiscal se suma la inseguridad que sigue siendo uno de los puntos más sensibles. El propio oficialismo bonaerense intenta defender su política en la materia, pero la agenda pública está dominada por hechos de violencia, reclamos vecinales y la sensación de que la Provincia corre siempre detrás del delito en lugar de anticiparlo. Esa erosión impacta de lleno en la imagen del gobernador, que además quedó señalado como protagonista de la disputa opositora y de la interna por el liderazgo, una pelea que lo expone más de lo que lo fortalece.

El resultado es una provincia desgobernada, donde  los bonaerenses hacen fila en hospitales colapsados, esperan turnos de IOMA que no llegan,  mandan a sus hijos a escuelas sin clase y rezan por volver vivos a sus casas cada día. La pregunta no es si Kicillof tiene un problema de gestión. Es si todavía le queda tiempo para gestionar.