Mientras el Gobierno celebra el superávit fiscal como la gran conquista de su gestión, otra factura comienza a llegarle a la Argentina. No aparece en las cuentas del Ministerio de Economía ni en las conferencias de prensa de la Casa Rosada. Se paga con científicos despedidos, laboratorios vaciados y proyectos estratégicos que quedan en suspenso. Esta vez, la motosierra entró de lleno en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), uno de los organismos que hicieron de la Argentina una referencia internacional en tecnología nuclear.

Más de 170 trabajadores quedaron afuera tras la decisión oficial de no renovar sus contratos. No son números anónimos. Son ingenieros, físicos, químicos, técnicos e investigadores cuya formación demandó años de inversión pública y décadas de experiencia acumulada. En cualquier país que aspire a competir en la economía del conocimiento serían considerados un activo estratégico. En la Argentina de Javier Milei pasaron a integrar la lista de los "gastos" que había que eliminar.

La escena expone con crudeza la lógica del ajuste libertario. Mientras los empleados recibían las notificaciones de despido, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, informaba con orgullo que desde el inicio de la gestión ya fueron eliminados más de 71.000 puestos en el Estado. También destacó que la estructura de la CNEA fue reducida en un 57,83%, como si el desguace de uno de los organismos científicos más importantes del país fuera un indicador de eficiencia y no una señal de retroceso.

La discusión ya no pasa por si el Estado debía ordenar sus cuentas. La pregunta es otra: ¿qué clase de país se construye cuando el ajuste alcanza precisamente a quienes producen conocimiento, desarrollan tecnología y sostienen capacidades que el sector privado argentino nunca generó por sí solo?

La energía nuclear no es un lujo ideológico. Es una política de Estado que durante décadas permitió fabricar reactores exportados al mundo, producir radioisótopos para hospitales, desarrollar tecnología de punta y formar profesionales admirados internacionalmente. Todo ese capital humano no se reemplaza con un decreto ni con una planilla de Excel.

Cada científico que abandona un laboratorio representa años de formación financiada por la sociedad. Cada equipo que se desarma implica proyectos que se frenan, investigaciones que se interrumpen y oportunidades que pasan a manos de otros países dispuestos a aprovechar ese talento. La historia argentina ya conoce ese camino: primero llegan los recortes, después la fuga de cerebros y, finalmente, la dependencia tecnológica.

El Gobierno insiste en que no hay alternativa y que el equilibrio fiscal justifica cada decisión. Pero ningún superávit puede medir el costo de perder inteligencia, innovación y soberanía científica. Las cuentas públicas pueden cerrar. Lo que empieza a quedar abierto es un enorme interrogante sobre el futuro del desarrollo nacional.

La motosierra prometía terminar con los privilegios de la política. Sin embargo, cada vez corta más lejos de la política y más cerca de las capacidades estratégicas del país. Hoy fueron más de 170 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Mañana, el costo de esa decisión se va a sentir en hospitales, universidades, industrias y proyectos que ya no podrán recuperarse con la misma facilidad con la que se firmó un despido. Porque destruir conocimiento lleva un minuto; reconstruirlo lleva generaciones.