Los pasillos de la Gobernación en la Calle 6 vuelven a quedar envuelvos en el humo de la sospecha y la indignación pública. En medio de una crisis de seguridad urbana galopante y comisariatos que se caen a pedazos por falta de presupuesto básico, el Ministerio de Seguridad conducido por Javier Alonso acaba de abrir una licitación que desató la furia de los contribuyentes.

La cartera destinó la friolera de $255 millones para la compra de viruta de pino para las caballerizas de la fuerza. El tufo a direccionamiento es insoportable: la única empresa oferente fue Trosher S.A., que cotizó valores unitarios de hasta $12.980 por paquete, lo que representa un sobreprecio comprobado de más del 120% respecto a los valores promedio de cualquier corralón o distribuidora del mercado.

Semejante "botón de muestra" ecuestre no califica como un simple error administrativo, sino como el modus operandi estructural de la administración bonaerense. En el mismo Ministerio de Seguridad, la Justicia ordinaria —a través del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta— mantiene abierta una sensible investigación por la oscura compra de patrulleros Fiat Cronos con sobreprecios astronómicos.

El expediente, motorizado originalmente por una denuncia penal del diputado provincial Luciano Bugallo, avanza a paso de tortuga debido a una abierta maniobra de obstrucción: la Provincia se niega sistemáticamente a responder las requisitorias y pisotea los pedidos de informe judiciales para evitar que salgan a la luz los verdaderos números del pasamanos.

Del proyector bizarro del OPISU a los retazos de la patria contratista de la pandemia

El despilfarro con las flotas oficiales no se detiene en los móviles policiales. Recientemente, el Ejecutivo provincial adjudicó la compra de sedanes Volkswagen Virtus Highline destinados a la burocracia platense.

En dicha compulsa, la concesionaria Espasa S.A. cotizó cada unidad en más de $53 millones, cuando el valor real de lista y de calle de ese modelo ronda los $38 millones; un grosero recargo del 40% financiado de forma directa con los impuestos de la ciudadanía.

Sin embargo, el escándalo roza ribetes directamente bizarros en las áreas de desarrollo social: la directora del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, aprobó la contratación directa para la adquisición de un simple proyector por $18 millones.

La gobernación gastó el equivalente al valor de un automóvil nuevo en un aparato para pasar diapositivas institucionales en los barrios populares.

Esta matriz de saqueo sistemático y cartelización de proveedores arrastra raíces profundas desde los tiempos de la pandemia, cuando la emergencia sanitaria funcionaba como la pantalla perfecta para tapar los peores retornos.

Durante la crisis del COVID-19, la administración bonaerense llegó a convalidar una contratación directa por casi $2.000 millones para la compra de kits de protección biológica a cooperativas amigas, aplicando un 100% de sobreprecio.

La frutilla del postre de aquella ingeniería fue la adjudicación exprés de $59 millones en favor de Mariano Miguel Ratti, un mecánico de motos que de la noche a la mañana se convirtió en importador de insumos médicos, vendiéndole al Estado provincial barbijos a casi $200 la unidad cuando el precio mayorista no superaba los $70.

El Excel oficial cierra siempre con ajuste para los hospitales y los jubilados, pero para los amigos de la patria contratista la caja nunca se agota.

Las claves del entramado de contrataciones oficiales en La Plata

• El blindaje del Ministerio: La cartera de Seguridad bloquea sistemáticamente los accesos a los expedientes de compra de los Fiat Cronos para evitar el costo político.

• El factor Bugallo: El diputado de la Coalición Cívica se consolida como el principal denunciante técnico de las inconsistencias en los pliegos de la provincia.

• Sobrefacturación automotriz: Las cotizaciones de Espasa S.A. exponen la falta de controles y auditorías internas en la Tesorería General de la Gobernación.

• El rol del OPISU: El desvío de fondos hacia insumos tecnológicos suntuarios en el organismo de Romina Barrios desvía el eje de la integración socio-urbana.

• El antecedente Ratti: El caso del mecánico de motos devenido en proveedor sanitario expone cómo la flexibilización de controles por la pandemia consolidó fortunas rápidas.