En los pasillos de Comodoro Py, la Justicia no solo es ciega; a veces, elige deliberadamente hacia dónde apuntar su bastón. La causa LIBRA, el esquema de estafas cripto que dejó a cientos de ahorristas con las manos vacías y la desilusión a flor de piel, acaba de protagonizar un giro que confirma la sospecha más sombría de nuestra democracia: la ley no pesa lo mismo para todos.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tomó una decisión que, bajo un barniz de tecnicismo procesal, funciona como un muro de contención: apartó a los querellantes. En términos simples, el magistrado expulsó del expediente a las propias víctimas. Aquellos que pusieron su capital, su fe y sus ahorros de toda una vida, ahora tienen prohibido observar cómo se desanda el camino de su propio perjuicio.

¿Por qué este celo repentino por la "pureza" del proceso? La respuesta parece alejarse de los libros de Derecho y aterrizar en los despachos del poder real. Las víctimas, agrupadas y dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias, comenzaron a señalar algo que incomoda en las altas esferas: vínculos que conectan la estructura de la estafa con el ecosistema político que rodea al presidente Javier Milei, mencionando específicamente la figura de Novelli.

Cuando una investigación judicial se vuelve un ejercicio de exclusión, la conclusión es inevitable: se busca el blindaje. Al apartar a los damnificados, el juez no solo les niega el derecho a la verdad; le garantiza a los denunciados un silencio cómplice. Se desactiva la capacidad de los particulares para proponer medidas de prueba, para insistir en la trazabilidad de los fondos y para alimentar la causa con elementos que, quizás, la fiscalía prefiere ignorar.

Estamos ante el manual clásico de la impunidad argentina. Primero, se fragmenta la causa; luego, se asfixia a los querellantes con trámites burocráticos; finalmente, se dicta la falta de mérito o se archiva ante la falta de "impulso" de las partes. El objetivo no es la justicia, sino el control del daño.

Mientras tanto, en el otro lado de la balanza, los "poderosos" observan con alivio. Si el dinero de los estafados fue el combustible para aceitar engranajes de la política, la Justicia ha demostrado estar dispuesta a ser el lubricante de ese sistema. La corrupción no es solo el robo del dinero ajeno; es la captura de las instituciones para que el delito no tenga consecuencias.

Una vez más, el sistema ha ganado. Los ahorristas se quedan afuera, mirando a través de un vidrio empañado, mientras quienes manejan los hilos del poder siguen protegidos por un escudo de togas y expedientes archivados. En la Argentina de hoy, el que estafa, si está bien conectado, está a salvo.