La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires vuelve a quedar atrapada en el centro de un debate ético que expone el divorcio absoluto entre la corporación política y las demandas de la sociedad.

El protagonista de la última postal de cinismo explícito es el diputado provincial de Unión por la Patria, Ricardo Lissalde, quien en una serie de apariciones mediáticas ensayó un lamento público afirmando estar "grande y cansado" y asegurando que se encuentra "contando los días como un preso" para llegar al final de su mandato constitucional.

Sin embargo, detrás de la puesta en escena del dirigente que simula padecer el ejercicio de la representación pública, se esconde una estrategia de supervivencia judicial de manual. Mientras declara públicamente que le genera desgano arrancar su vehículo para viajar a cumplir con sus funciones legislativas en la ciudad de La Plata, Lissalde se aferra con uñas y dientes a las prerrogativas de su cargo.

El diputado llegó al extremo de justificar su ausentismo afirmando que asistir al recinto lo convierte en un "cómplice doloso" del sistema, escupiendo el plato institucional del que se nutre desde hace décadas. El verdadero interrogante que el establishment platense intenta sepultar es por qué, ante semejante nivel de asco hacia la labor parlamentaria, el dirigente se niega rotundamente a dar un paso al costado y presentar su renuncia de manera indeclinable.

La causa por violencia de género: El elefante en el recinto de Calle 53

La respuesta a este laberinto de contradicciones no se halla en la vocación de servicio ni en el cumplimiento del deber hacia el electorado de la sección, sino en las carpetas de los tribunales penales. El verdadero "elefante en la habitación" que la rosca tradicional de Calle 53 intenta invisibilizar es la grave imputación por violencia de género que pesa sobre las espaldas del legislador de Unión por la Patria.

Lissalde sabe con precisión quirúrgica que su permanencia en la Cámara de Diputados no es un capricho ideológico, sino la diferencia entre la libertad y el procesamiento efectivo: en el instante exacto en que resigne sus fueros de inmunidad de arresto y proceso, la Justicia penal lo espera para indagarlo y resolver su situación procesal de inmediato.

Frente a este escenario, el relato melancólico del "ciclo político terminado" se reduce a una burda cortina de humo diseñada para camuflar el uso de los privilegios republicanos como un chaleco antibalas judicial.

Lo más alarmante del entramado no es la conducta individual del imputado, sino la red de contención y silencio sepulcral que tiende el resto del arco político bonaerense.

Ningún sector del bloque oficialista, ni tampoco las principales espadas de la oposición tradicional, han alzado la voz para exigir el apartamiento de las comisiones o el inicio de un proceso de desafuero por inhabilidad moral.

Para la lógica de la corporación parlamentaria, las bancas han dejado de ser herramientas de transformación ciudadana para consolidarse como sofisticadas cuevas de lujo donde el Código Penal deja de tener vigencia.

Las claves de un atrincheramiento político que sacude a la provincia

• La parálisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales: El cuerpo legislativo mantiene cajoneado cualquier pedido de informe sobre la situación procesal de Lissalde.

• El costo político para el bloque: La permanencia del imputado fisura la línea discursiva en materia de género y protección de los derechos de las mujeres que sostiene la conducción partidaria.

• El factor dieta y viáticos: La contradicción de repudiar el funcionamiento institucional pero percibir regularmente los haberes y la estructura de asesores del Estado.

• El antecedente de los desafueros: La resistencia histórica de la Legislatura bonaerense a entregar a uno de sus miembros, priorizando la autoprotección corporativa por encima del ordenamiento judicial.

• El impacto en la octava sección: El descontento de las bases territoriales ante una figura que vació de contenido la representación en el recinto.