La matriz de corrupción que infectó los pasillos de la Legislatura bonaerense tiene un responsable político claro, y su nombre es Axel Kicillof. El caso de Julio "Chocolate" Rigau y sus 48 "ñoquis" prestanombres se transformó en un circo donde los delincuentes ponen las condiciones gracias al paraguas protector de la Gobernación.

Resulta que Antonio Rodríguez, pareja de una concejal de La Libertad Avanza en Berisso, amagó con aceptar un juicio abreviado de tres años en suspenso propuesto por la fiscal Viviana Elizabeth Arturi. Pero el valiente arrepentido pegó un volantazo de novela cuando se enteró de la letra chica: el acuerdo venía con "inhabilitación perpetua", y el muchacho se negó a firmar porque "no descarta volver a ser empleado del Estado". El cinismo es verdaderamente pornográfico.

El retroceso de Rodríguez dejó al descubierto el verdadero terror de esta banda de estafadores: quedarse afuera de la caja. "El resto de los acusados casi lo mata", confesaron desde las defensas, dejando en evidencia un pacto de silencio mafioso que salpica directo a la gestión de Kicillof.

La jugada maestra de los "ñoquis" es estirar los tiempos, buscar una irrisoria "probation" y rezar para que el oficialismo mire para otro lado. Y tienen motivos de sobra para ser optimistas: los sumarios administrativos internos, armados a medida por la propia casta, ya concluyeron groseramente que "no hubo irregularidades". Si zafan del juicio, mañana mismo te los cruzás tomando mate en cualquier ministerio provincial.

Ante semejante atropello, la fiscal Arturi se plantó y les cerró la puerta en la cara. Comparó el desfalco con el "Caso Cuadernos" y les advirtió que no habrá "probation" para tapar un agujero de $395,4 millones (sin contar inflación ni cargas sociales).

"Es un hecho de corrupción que atraviesa todo un poder del Estado", disparó la fiscal, dejando en claro que a estos tarjeteros les cabe la inhabilitación absoluta. Mientras tanto, el Tribunal Oral N° 5 de La Plata ordenó un interminable peritaje contable para ganar tiempo, estirando un posible juicio oral hasta el lejano 2027 y dándole aire al gobernador para despegarse de la mugre.

Los 48 tarjeteros saben que tienen la impunidad garantizada y que el ecosistema de Kicillof los necesita libres para que no prendan el ventilador y cuenten adónde iban realmente los bolsos. Venían a barrer con los privilegios, pero terminaron exigiendo por escrito que les devuelvan el derecho inalienable de seguir robándole la plata a los bonaerenses.

Lo que tenés que saber sobre la impunidad de los ñoquis:

• El cómplice mayor: Axel Kicillof es el gran ausente en los reclamos, mientras la burocracia que él conduce emite sumarios truchos declarando "inocentes" a los estafadores para que puedan ser recontratados.

• El arrepentido fugaz: Antonio Rodríguez rechazó un juicio abreviado porque se negaba a quedar inhabilitado de por vida para morder de los fondos estatales.

• El desfalco millonario: La Policía Federal calculó el robo inicial en $395,4 millones (sin actualizar), ejecutado mediante un patrón sistemático de retiros de madrugada.

• El pacto de la casta: Los cabecillas mantienen cómodas prisiones domiciliarias, mientras la Justicia adicta patea el juicio oral para 2027 gracias a interminables peritajes contables.