El contraste entre las demoliciones exprés en asentamientos y las excepciones inmobiliarias en Palermo y Puerto Madero desata un fuerte cuestionamiento social. La Legislatura, acusada de funcionar como una escribanía para desarrolladores amigos mientras la clase media es empujada al Conurbano.

Las dos realidades del Código de Planeamiento Urbana promocionada como "ciudad ordenada" por la propaganda oficial choca de frente contra las planillas de sus propios registros habitacionales.

Mientras la Jefatura de Gobierno porteña monta operativos de desalojo y demolición que son promocionados en redes sociales como grandes triunfos del orden público, los números de la desigualdad estructural en el distrito más rico del país resultan lapidarios: más de 350.000 personas sobreviven hacinadas en asentamientos y complejos habitacionales precarizados.

En contraste absoluto con este rigor implacable aplicado a las casillas más débiles, la administración de la sede de Uspallata mantiene una laxitud envidiable en las zonas más acomodadas.

En corredores ABC1 como Palermo o Puerto Madero, el Código de Planeamiento Urbano parece aplicarse pura y exclusivamente según la billetera y el peso político del desarrollador de turno.

Las inmensas torres de lujo avanzan mediante excepciones inmobiliarias otorgadas de forma exprés, autorizando moles de cemento que terminan colapsando los servicios públicos esenciales, destruyendo la identidad de los barrios históricos y dinamitando la calidad de vida de los contribuyentes que pagan sus tasas al día.