Mientras el gobernador Axel Kicillof insiste en su relato de un “Estado presente”, la realidad de los bonaerenses ofrece una postal de abandono. En los hospitales provinciales, los médicos hacen malabares con insumos vencidos o escasos; en las comisarías, los patrulleros permanecen inmovilizados por falta de combustible; y en las escuelas, la infraestructura se deteriora al ritmo de techos que se desploman. Sin embargo, en el universo paralelo de la gestión bonaerense, las prioridades parecen ser otras: sostener estructuras obsoletas y poco transparentes que consumen recursos públicos mientras la provincia se desangra.

La reciente revelación sobre la existencia de una delegación provincial en Miami, mantenida durante casi treinta años sin una sola inversión comprobable en beneficio de los bonaerenses, constituye apenas la punta del iceberg. Se trata del símbolo perfecto de una administración que, bajo el manto del “progresismo”, esconde un esquema de gasto político ineficiente y arbitrario. ¿Cómo puede el gobernador alegar falta de fondos para seguridad y salud mientras mantiene oficinas de representación internacional que, para sus críticos, funcionan más como agencias de turismo estatal que como herramientas de desarrollo?

El verdadero escándalo, sin embargo, no radica únicamente en el costo de esa estructura, sino también en el hermetismo informativo impuesto desde La Plata. La administración provincial ha transformado el presupuesto bonaerense en una auténtica caja negra. La negativa sistemática a desagregar partidas, la ausencia de un clasificador por categorías programáticas y la falta de precisiones sobre la ejecución presupuestaria de 2026 constituyen, según la oposición, una afrenta directa a los contribuyentes.

Kicillof ha optado por gobernar bajo estricta reserva, dificultando que los bonaerenses —quienes financian el funcionamiento del Estado con sus impuestos— puedan conocer si los recursos se destinan a reparar la devastada Bahía Blanca o a solventar consultorías externas y estructuras privilegiadas.

Para sus detractores, esta falta de transparencia no es casual, sino una herramienta de gestión. Al dispersar los fondos en partidas generales y fideicomisos con escasos controles, el Ejecutivo provincial obtiene un amplio margen de discrecionalidad. Mientras las familias enfrentan una inflación que erosiona sus ingresos y una creciente inseguridad que condiciona la vida cotidiana, la Gobernación continúa priorizando una superestructura ministerial que duplica funciones y preserva privilegios de una dirigencia alejada de la realidad del conurbano y del interior bonaerense.

La eliminación de organismos considerados innecesarios constituye el primer paso para poner fin al gasto improductivo. La pregunta que sobrevuela el debate político es hasta cuándo el gobierno provincial podrá sostener el manejo reservado de las cuentas públicas frente a una demanda creciente de información.

La sesión prevista para hoy jueves en el Senado bonaerense no será una instancia legislativa más. Funcionará como una prueba de fuego para determinar si el peronismo está dispuesto a revisar estructuras heredadas de las últimas décadas o si, una vez más, optará por preservar espacios de poder antes que atender el reclamo de una sociedad cada vez más exigente con el uso de los recursos públicos.

La cuenta regresiva por una mayor transparencia ya comenzó y, en una provincia atravesada por urgencias sociales y económicas, la opacidad parece enfrentar límites cada vez más difíciles de sostener.