El país está atravesando una zona sanitaria de extrema peligrosidad. Los datos no son solo números fríos; son el reflejo de un desmantelamiento programado y una falta de conciencia que, bajo el paraguas ideológico del gobierno de Javier Milei, está erosionando los cimientos de nuestra protección colectiva. La caída estrepitosa en las coberturas de vacunación infantil y el alarmante ascenso de los niños "cero dosis" no son un accidente estadístico, sino la consecuencia directa de una política que desprecia la prevención masiva en nombre de un ajuste ciego e indolente.

El informe de la OMS y Unicef es lapidario: nuestro país figura hoy entre los cinco con peores coberturas pediátricas en toda la región. Ninguna vacuna del calendario nacional alcanzó el objetivo del 90% para 2025. Lo más terrorífico es el salto del 60% en la cantidad de niños que nunca recibieron una sola dosis, pasando de 63.000 en 2021 a 101.000 en 2025. Estamos rompiendo la barrera de la inmunidad colectiva. Al desfinanciar y desarticular la red de salud pública, este gobierno no solo ha dejado de promover la prevención, sino que ha invalidado la capacidad estatal de llegar a los territorios, a las escuelas y a los hogares.

La comparación con la Argentina "modelo" de décadas pasadas —aquella que erradicó la poliomielitis y el sarampión endémico mediante políticas de Estado sostenidas— no es una nostalgia vacía. Es la evidencia de un retroceso civilizatorio. Mientras otros países fortalecen sus sistemas, el modelo mileísta ha transformado el calendario de vacunación en una deuda pendiente y en un privilegio de pocos. La desinformación florece en el vacío que deja un Estado ausente que, lejos de comunicar, ha optado por el silencio frente a la crisis o, peor aún, por una retórica que desconfía de la ciencia y de lo público.

Lo que estamos presenciando es el costo humano del "déficit cero". El gobierno insiste en medir el éxito por el equilibrio de las cuentas, pero ignora deliberadamente el costo social que se acumula en los hospitales y en los brotes que ya acechan. Las enfermedades que creíamos desterradas no regresan por azar: regresan porque el Estado decidió bajar la guardia. La desaparición de las campañas masivas de vacunación, el desorden en los controles y la pérdida de legitimidad de las políticas públicas son la antesala de un daño irreparable.

La gestión de Milei ha confundido austeridad con abandono. Vacunar no es un acto burocrático; es la herramienta más potente de equidad social y previsibilidad sanitaria. Al quebrar la cadena de cuidado, este gobierno está hipotecando la salud de una generación entera. La pregunta que queda, ante la indiferencia oficial, es cuánto más tendremos que esperar para entender que, en salud pública, retroceder no es solo perder posiciones, es permitir que enfermedades evitables vuelvan a escribir la historia con la tinta del dolor. Argentina no merece este retroceso, pero parece estar condenada a vivirlo por la ceguera de quienes hoy, al mando del Estado, han decidido que la vida de los niños es una variable de ajuste prescindible.