El histórico blindaje judicial que protegió durante décadas a las máximas jerarquías del peronismo chaqueño sufrió un colapso definitivo.

El juez federal Fernando Carbajal, a cargo del juzgado de Presidencia Roque Sáenz Peña, firmó el procesamiento del exgobernador Jorge Capitanich y de su exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, Marta Soneira.

La resolución, largamente esperada por la sociedad litoraleña, los acusa formalmente de fraude agravado contra la administración pública y abuso de autoridad, tras comprobarse la existencia de una red delictiva dedicada al saqueo sistemático de tierras fiscales.

El expediente detalla maniobras escandalosas mediante las cuales el Estado chaqueño transfirió miles de hectáreas a precios ridículos a empresarios amigos y testaferros vinculados de manera directa a la cúpula gobernante, todo mientras la población provincial se hunde en los índices de pobreza más alarmantes del país.

La ruta de las hectáreas y el entorno familiar de la ministra

La investigación penal cobró un impulso irreversible gracias a la denuncia original de la funcionaria Ana María Canata, quien aportó documentación contundente que los abogados defensores intentaron en vano desestimar.

Las pruebas recolectadas por la justicia demostraron que la exministra Marta Soneira operó como la pieza clave para la adjudicación irregular de campos del dominio público en el departamento Almirante Brown, beneficiando de forma directa a los socios comerciales de su propia pareja y a una red de presuntos prestanombres liderados por el operador Mauricio Cian.

El rol de Jorge "Coqui" Capitanich en este entramado excede la mera omisión. El entonces mandatario provincial estampó su firma en los decretos que validaron el desfalco, convalidando el traspaso de tierras estratégicas a valores que representaban una burla frente al precio real del mercado inmobiliario rural.

Aunque el tribunal dictó el sobreseimiento para Diego Soneira y Federico Gabriel Soneira por falta de pruebas directas, la fiscalía a cargo de Carlos Amad mantiene cercados a los empresarios Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón, cuyas supuestas actividades agropecuarias no logran justificar el monumental incremento patrimonial bajo sospecha.

Ecocidio en Pampa del Infierno: Codicia sobre los bosques nativos

La avaricia de la organización no se detuvo en la mera apropiación inmobiliaria. Para garantizar la rentabilidad de las tierras malversadas, la administración de Capitanich modificó de manera arbitraria las leyes locales de protección ambiental, alterando los mapas de ordenamiento territorial para dar luz verde a desmontes masivos en la zona de Pampa del Infierno.

Esta manipulación normativa provocó un verdadero ecocidio en el bosque nativo chaqueño, destruyendo recursos naturales no renovables para reconvertir el suelo hacia la explotación agrícola intensiva de los falsos empresarios asociados al poder.

Las inmensas ganancias generadas por la soja y la ganadería en esas zonas arrasadas terminaron de configurar un delito ambiental y económico sin precedentes en la región.