Cuando la propaganda oficial intenta reescribir cada movimiento económico como una gesta épica de la libertad, los números fríos de la recaudación vuelven a estrellarse contra el relato libertario.
En las últimas horas, la maquinaria discursiva de la Casa Rosada —respaldada por operadores y economistas alineados como Adrián Ravier— buscó instalar con bombos y platillos que el Poder Ejecutivo "eliminó" por decisión propia el tan cuestionado Impuesto PAÍS.
Sin embargo, un repaso por el archivo y las planillas oficiales deja al desnudo la jugada: no hubo convicción filosófica ni tijeretazo de la motosierra, sino el aprovechamiento hasta el último segundo legal de una caja millonaria que sirvió para maquillar el mentado superávit fiscal.
Lejos de haber derogado el gravamen por convicción o por un gesto de piedad hacia los bolsillos de la clase media, la gestión de Javier Milei estiró la soga al máximo permitido.
Entre el 1 de enero y el 22 de diciembre de 2024, el Ministerio de Economía conducido por Luis "Toto" Caputo cobró compulsivamente este tributo sobre las importaciones y el acceso al dólar, aplicando además un tarifazo cambiario inicial que multiplicó la masa de pesos ingresada a las arcas del Estado.
Toda esa maniobra se ejecutó sin el aval de ninguna ley votada en el Congreso de la Nación durante ese período, garantizándole al Tesoro una montaña de 6.800 millones de dólares.
Recién cuando el calendario marcó el vencimiento inexorable fijado por la legislación previa (23 de diciembre), los voceros y alfiles del Gobierno salieron a aplaudirse a sí mismos en las redes sociales, vendiendo la caducidad natural de la norma como si hubiese sido un acto de arrojo y alivio tributario concedido por el Presidente.
La estrategia de inventar éxitos tributarios donde solo hay burocracia vencida busca tapar los agujeros de un esquema que sigue dependiendo de la presión impositiva para cerrar las cuentas.
Mientras la infantería digital del oficialismo militó el fin del impuesto como un hito de la desregulación, los contribuyentes y los comercios pymes de regiones como La Plata, Berisso y Ensenada comprobaron que el tributo jamás fue aliviado antes de tiempo: la voracidad recaudadora se mantuvo intacta hasta que la ley le puso un freno biológico.
Al final del día, el marketing digital no alcanza para disfrazar la contradicción de un gobierno que prometió cortarse un brazo antes de subir o mantener impuestos, pero que no dudó en embolsarse una de las cajas más abultadas de la historia reciente para sostener la ficción del déficit cero.
Vencimiento por calendario: La norma tenía una fecha de caducidad fijada por ley para el 23 de diciembre; el Ejecutivo jamás firmó una derogación anticipada.
El salvavidas de Caputo: Los USD 6.800 millones ingresados por este gravamen fueron determinantes para mostrar números verdes en la balanza fiscal del primer año de gestión.
La complicidad del relato: Economistas de la órbita oficialista salieron en bloque a atribuirle el "logro" a la voluntad del Presidente en redes sociales.
Impacto en los precios: Pese al discurso de liberalización, la vigencia hasta el último día del impuesto mantuvo encarecidos los insumos importados para la industria nacional.