La decisión de la Cámara de Casación de exigir el debate oral “a la mayor brevedad” en la causa contra Fernando Espinoza por abuso sexual y desobediencia judicial no hace más que confirmar lo que el poder local intentó sepultar con chicanas y complicidades: estamos ante un gobernante acorralado por el delito, que utiliza los resortes del Estado para la impunidad.

La hipótesis es brutal y cristalina. La denuncia de su exsecretaria privada Melody Rakauskas destapa una matriz de depravación del poder feudal. Los detalles del expediente son escalofriantes: el 10 de mayo de 2021, el intendente la acorraló en su departamento con excusas laborales, la sometió a tocamientos impúdicos y la forzó a intentos de besos mientras ella intentaba rechazarlo. Ante la resistencia, el funcionario la amenazó directamente con frases intimidatorias como "si seguís así tenés los días contados", evidenciando el uso coercitivo de su jerarquía.

El legajo judicial no se limita a un hecho aislado, sino que expone una escalada delictiva. A la imputación por abuso sexual se le suma el procesamiento por desobediencia judicial, tras violar flagrantemente la prohibición de acercamiento para presionar a la víctima, y una densa trama paralela de fraude, malversación de fondos y uso de vehículos y recursos municipales para cercar y hostigar a Rakauskas. Incluso, para intentar anular a la denunciante, su entorno impulsó causas cruzadas por violación de sistemas informáticos en los tribunales de Morón.

Mientras el entramado judicial se cierra, puertas adentro la descomposición es total. Círculos íntimos y familiares cercanos al intendente se sienten profundamente avergonzados por las aberraciones que se ventilan en los expedientes, obligados a convivir con el repudio social y la constante presión mediática sobre sus negocios y su reputación.

¿Cómo es posible que un sujeto con este prontuario, procesado y empujado al banquillo, siga administrando La Matanza? La respuesta es la radiografía de una sociedad rehén. Espinoza se sostiene gracias al blindaje asqueroso de una corporación política que prefiere encubrir a un presunto abusador antes que entregar el bastión. El aparato peronista del conurbano ha normalizado la podredumbre moral, transformando los despachos oficiales en cuevas de impunidad donde la dignidad de las mujeres vale menos que un voto.

Los jueces que dictaron sobreseimientos express y las maniobras dilatorias forman parte de la misma maquinaria nauseabunda que intenta salvar al jefe. Pero la máscara cayó. El intendente camina directo al juicio oral con la reputación pulverizada y la condena social asegurada. Su permanencia en el poder no es un fallo del sistema: es la prueba de nuestra más rotunda degradación colectiva.