La bandera de la eficiencia, el orden y la transparencia volvió a chocar contra una realidad incómoda para Jorge Macri. Un informe de auditoría puso bajo la lupa el millonario negocio del mantenimiento de la flota de la Policía de la Ciudad: un contrato que terminó moviendo más de $31.600 millones y que quedó envuelto en cuestionamientos por prórrogas, aumentos extraordinarios y falta de controles suficientes.

Mientras el jefe de Gobierno porteño sostiene un discurso de austeridad y administración responsable del Estado, la Auditoría General de la Ciudad detectó irregularidades administrativas y debilidades en los mecanismos de seguimiento sobre uno de los contratos más sensibles de su gestión: el mantenimiento de los vehículos utilizados por la fuerza policial.

El expediente revela una mecánica que genera sospechas: un contrato original que fue extendiéndose mediante sucesivas prórrogas hasta multiplicar exponencialmente su valor. Según los informes de control, las extensiones acumuladas representaron un incremento superior al 1000% respecto del monto inicial, llevando el gasto a cifras millonarias.

La pregunta política es inevitable: ¿por qué una administración que promete eficiencia permitió que un contrato de semejante magnitud creciera mediante renovaciones sucesivas en lugar de abrir nuevas instancias competitivas?

El área involucrada depende del Ministerio de Seguridad porteño y de la estructura encargada de administrar la logística de la Policía de la Ciudad. Allí aparecen funcionarios como Diego Sebastián Taranto, director general de Logística y Flota, y Juan Francisco Rico, director general de Gestión de la Flota Automotor, responsables de áreas vinculadas al manejo y mantenimiento del parque vehicular estatal.

El problema no es que la Ciudad mantenga sus patrulleros. Eso es una obligación básica. El problema es cómo se administraron miles de millones de pesos destinados a ese objetivo.

Los organismos de control señalaron falencias en la trazabilidad de las prestaciones: dificultades para determinar con precisión qué reparaciones se realizaron, cómo se verificaron los trabajos contratados y si los valores pagados guardaban relación con los servicios efectivamente prestados.

En otras palabras: mientras el dinero salió del presupuesto público, los controles no habrían tenido todas las herramientas necesarias para garantizar que cada peso tuviera una justificación clara.

El caso golpea directamente el relato político de Jorge Macri.

Su gestión llegó prometiendo terminar con los gastos innecesarios, reducir estructuras y administrar la Ciudad con criterios empresariales. Sin embargo, bajo esa misma administración aparecen contratos millonarios que continúan mediante mecanismos cuestionados por los organismos de control.

La contradicción es evidente.                                                                              

Mientras se ajustan áreas del Estado, se revisan puestos de trabajo y se reclama eficiencia a los ciudadanos, las grandes contrataciones vinculadas a servicios estratégicos siguen manejando cifras multimillonarias con esquemas que despiertan dudas.

La seguridad es una de las áreas donde mayor transparencia debería existir. Cada patrullero fuera de servicio afecta directamente la capacidad operativa de la Policía. Cada peso mal administrado impacta sobre una demanda central de los vecinos.

Macri nunca quiso responder estas preguntas:

¿Por qué se acumularon tantas prórrogas?

¿Por qué un contrato terminó multiplicando más de diez veces su valor original?

¿Quién controló que los servicios fueran efectivamente realizados?

¿Existieron alternativas antes de extender un acuerdo millonario?

Porque la corrupción no siempre aparece en un expediente con una condena judicial. Muchas veces empieza antes: cuando los controles fallan, cuando los contratos se eternizan y cuando millones de pesos públicos quedan atrapados en circuitos difíciles de explicar.

El negocio de los patrulleros no es más que la radiografía de una gestión que recorta en las áreas esenciales mientras blindaje y opacidad caminan de la mano. Entre prórrogas millonarias, controles ausentes y contratos que multiplican exponencialmente sus cifras originales, el negocio del mantenimiento policial deja una pregunta abierta sobre la mesa: ¿La Ciudad de Jorge Macri está realmente ordenando el Estado o simplemente está administrando las cajas de siempre con un nuevo discurso?