El modelo de flexibilización y "libertad de mercado" que pregona el Poder Ejecutivo suma un nuevo y dramático capítulo de precarización en la Argentina.

La mentira del "propio jefe" que vendieron las multinacionales de la llamada economía gig se derrumba ante la cruda realidad que viven miles de trabajadores de reparto.

Ya no se trata solo de la ausencia de derechos laborales, ART o aportes jubilatorios: ahora, las propias aplicaciones mutaron en financieras usureras que ofrecen créditos con tasas de interés delirantes de hasta el 700% anual para financiar las herramientas de trabajo de sus prestadores.

Descuento por goteo: La trampa perfecta del financiamiento propio

La denuncia impulsada por el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa) deja al desnudo un mecanismo de sometimiento económico absoluto.

Según advirtió la secretaria general del gremio, Belén D’Ambrosio, los trabajadores —obligados a pedalear o andar en moto por jornadas interminables para rascar un ingreso digno— terminan acudiendo a estos préstamos de la misma plataforma para poder reparar o reponer sus vehículos tras sufrir robos o roturas.

El perverso engranaje se cierra en la liquidación diaria. Las empresas administran tanto la asignación de pedidos como la cobranza de la deuda: las cuotas del crédito se descuentan de forma automática y directa de cada viaje realizado.

De este modo, el repartidor ve recortado su dinero antes de que ingrese a su billetera digital, lo que liquida la poca autonomía que le quedaba y lo obliga a extender sus turnos a 12 o 14 horas diarias solo para no caer en morosidad con la propia aplicación que le da trabajo.

Las cifras de la bomba de tiempo que el Gobierno prefiere ignorar

Los datos fríos provenientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ratifican la aceleración del fenómeno. Para fines de 2025, el saldo promedio de deuda de los monotributistas que operan en estas plataformas escaló a los $900.000 por persona.

La evolución de los deudores evidencia la desesperación social:

• Un incremento del 177% en la cantidad de deudores entre 2023 y 2024.

• Un nuevo salto del 122% durante el transcurso de 2025.

Frente a este escenario de desprotección absoluta, desde Sitrarepa exigieron una intervención urgente del Estado para establecer reglas de juego claras, ponerle techo a las tasas abusivas y evitar que el derecho al crédito se convierta en una forma moderna de servidumbre por deudas.