La desidia del sistema laboral acaba de sumar un capítulo verdaderamente nefasto, exponiendo la miseria con la que se manejan las grandes patronales.
La Justicia bonaerense condenó a Federación Patronal Seguros a pagar la friolera de 351 millones de pesos a César Gustavo Fernández, un laburante de 54 años al que le arruinaron la vida en 2021 mientras cumplía sus tareas en la fábrica Albano Cozzuol.
El calvario de este trabajador no arrancó con la falla de su corazón, sino con el cinismo de la empresa. Según detalló el abogado de la víctima, Matías Martínez, en lugar de llamar a una ambulancia, las autoridades de la fábrica subieron a Fernández a un remís común y corriente para trasladarlo a un sanatorio.
El dato que indigna a cualquiera es que había un hospital a tan solo cuatro minutos de la planta, pero prefirieron el camino berreta para ahorrarse un par de pesos.
Ese viaje letal en el asiento trasero de un auto le costó carísimo. Su pareja, Alejandra Mir, reveló con un dolor inconmensurable que durante ese traslado improvisado el hombre sufrió un segundo infarto. La falta de oxígeno en el cerebro, derivada de la demora y la ausencia de atención médica arriba del vehículo, le provocó secuelas neurológicas irreversibles y una severa cuadriparesia, condenándolo a vivir en una silla de ruedas para siempre.
Hoy, la vida de esta familia se transformó en un calvario absoluto. Su casa parece una sala de terapia intensiva, minada de tubos de oxígeno y un elevador hidráulico para poder mover a Fernández.
Si bien el Tribunal catalogó el hecho como un "accidente de trabajo por ocasión", la aseguradora decidió apelar el fallo millonario argumentando que el paciente "no mostraba signos evidentes" de estar infartado. La frialdad de las corporaciones frente a la tragedia humana parece no tener ningún tipo de límite.
- El viaje de la muerte: La fábrica se negó a llamar una ambulancia y mandó a un empleado infartado en remís, a pesar de tener un hospital a cuatro minutos de distancia.
- Daño irreversible: La falta de oxígeno durante ese traslado negligente le provocó a Fernández un segundo infarto y daños neurológicos que lo dejaron postrado en una silla de ruedas.
- El cinismo asegurador: La Justicia ordenó una indemnización de 351 millones y asistencia médica vitalicia, pero Federación Patronal apeló afirmando que el trabajador "no parecía" estar infartándose.