La política de sumisión y alineamiento automático de la administración de Javier Milei escribió uno de sus capítulos más oscuros y desvergonzados.
En una declaración que rozó el sincericidio, el dirigente amarillo Diego Santilli blanqueó públicamente que el Fondo Monetario Internacional (FMI) asumirá la fiscalización y el control directo sobre la producción de Vaca Muerta.
Lo más grave del papelón no es únicamente la intromisión de técnicos extranjeros en la principal reserva energética del país, sino que la cúpula gobernante y sus socios de la vieja política pretendan vender esta cesión incondicional de soberanía como un "triunfo de gestión" e indicador de "confianza internacional".
Vaca Muerta no representa un número frío en una planilla de cálculo ni un bono para especuladores de Wall Street: es el corazón estratégico para el desarrollo industrial y la soberanía energética de la República Argentina.
Sin embargo, para la alianza entre libertarios y el Pro, entregarle la llave del subsuelo a los mismos burócratas responsables de la deuda histórica es visto como una cucarda de honor.
GRAVÍSIMO
— El Profe Eduardo (@ProfeEduardoOk) July 27, 2026
Santilli reconoce alegremente q el FMI va a controlar la producción de Vaca Muerta. Lo peor es q lo muestra como un logro del gob cuyo ministro de economía es el responsable de la deuda y revinculación con el organismo echado por Néstor K.
Hablame de anti Argentina... pic.twitter.com/WqLDlUpH2e
El plan para que auditores del FMI fiscalicen la extracción de crudo y gas natural convierte a la cuenca en un enclave administrado a control remoto desde el exterior. "Vender la patria en cuotas es el único manual que conocen", retumbó en la oposición y en distintos sectores del trabajo que repudiaron la medida.
La contradicción resulta obscena: mientras el relato oficial pregona la "libertad", las decisiones de fondo sobre la riqueza de los argentinos terminan supeditadas al visto bueno de los acreedores externos.
El modelo del saqueo institucional expone las verdaderas prioridades de la gestión nacional. Mientras las familias del todo el país hacen malabares desesperados para pagar boletas de gas y luz con aumentos confiscatorios, el Gobierno les garantiza a los grupos financieros internacionales el monitoreo de los barriles que deberían servir para abaratar el costo de vida interno.
La coartada del "equilibrio fiscal" vuelve a demostrar que la motosierra libertaria solo corta por el lado de los asalariados, los jubilados y la producción nacional, mientras se arrodilla sin condiciones ante el establishment financiero global.